Francisco Cáceres Barrios
Si bien es cierto que el presidente Morales no tiene mucha experiencia en asuntos de Estado también lo es que cuenta con asesores, consejeros y ministros bien remunerados para que le brinden la asistencia necesaria a fin de irle encontrando soluciones a las demandas de los trabajadores en general de ese Organismo, sin preferencias, injerencias, mucho menos de sindicalistas, ni de bochincheros como los laborantes de salud pública por el solo hecho de haber ejercido presiones, las que por cierto causaron graves perjuicios en todo el territorio nacional y a la ciudadanía en general.
No es la primera vez que digo que si se cumpliera al pie de la letra la Constitución actualmente vigente, otro sería nuestro cantar. Por ejemplo, ¿quién ignora que los trabajadores del Estado han estado y están al servicio de los partidos políticos oficiales, de grupos, de organizaciones o de personas en lo individual cuando deben estar exclusivamente al servicio de la administración pública? ¿Quién no sabe que la Ley de Servicio Civil el gobierno de turno la ignora por completo a pesar que el artículo 108 establece que todos los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas se rigen por la misma, salvo aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias?
Sobran ejemplos para demostrar que se juega con la política laboral del Estado cada vez que asume un nuevo gobierno, a pesar que quienes aspiran a ser gobernantes juran por Dios y la Constitución que la respetarán sin embargo, son los mismos trabajadores, más los sindicalizados, los que primero la violan y lo repiten cuantas veces pueden. Sin ir tan lejos, hace pocos días un sindicalista del ramo de Salud fue denunciado por violar la Constitución al ocupar dos cargos públicos. Mientras el sujeto es director de una escuela, dependiente del Ministerio de Educación, también es empleado del Hospital San Juan de Dios, en donde disfruta de un permiso especial para ausentarse todo el tiempo que quiera para cumplir con sus sagrados deberes sindicales. ¡Vean qué caso!
La Constitución es clara en cuanto a que el derecho de huelga en ningún caso debiera afectar la atención de los servicios públicos esenciales, por lo que pregunto ¿alguien duda que la vida y la salud de la población de los guatemaltecos jamás debiera ponerse en peligro debido a una suspensión en la prestación de dichos servicios sea con el nombre de huelga, paro, asamblea o cualquiera que se les antoje? Hasta cuando el Presidente y todos los servidores públicos se ciñan a la norma de cumplir con las leyes del país vamos a estar en el rumbo correcto de nuestro progreso y desarrollo.
