Uno de los avances más significativos de la legislación guatemalteca para enfrentar diversas formas de criminalidad ha sido el establecimiento de la figura de la Extinción de Dominio que permite despojar de los bienes mal habidos a los criminales que se enriquecen por la vía de la comisión de delitos de variado tipo. En el caso de la corrupción nada duele más a los pícaros que perder la propiedad de las fortunas que logran amasar mediante esa práctica tan común y generalizada en el país porque, no olvidemos, hasta se había acuñado la frase de que “la vergüenza pasa pero el pisto queda” para referirse a los que son procesados por lo que les produce enriquecimiento ilícito, pero que tenían la certeza de que, superado el mal trago del proceso y aun de una eventual sentencia, podrían disponer del dinero y los bienes amasados. El caso de la financiera que se quedó con los ahorros del Congreso en tiempos de Eduardo Meyer es acaso uno de los mejores ejemplos, porque aunque hubo condenas, no se recuperaron tales fondos.
Hemos visto cómo en varios de los casos de corrupción que involucran a la gente del Partido Patriota, con Pérez Molina y Baldetti a la cabeza, se ha implementado la extinción del dominio para despojarlos de bienes adquiridos en el contexto de esa gigantesca corrupción que caracteriza al país. Cierto es que, hasta el día de hoy, no se ve intención de atacar la corrupción como tal sino que únicamente de atacar a la corrupción del gobierno de Pérez Molina, porque se ha dejado al margen a una enorme cantidad de pícaros que se han enriquecido en el poder a lo largo de los muchos años desde que se fue perfeccionando el sistema que les permite a los funcionarios alzarse impunemente con los recursos del Estado. Pero el Juzgado de Extinción de Dominio tiene bastante trabajo con esos casos y por lo menos muchos de los bienes ya están inmovilizados.
Por eso es que llama poderosamente la atención que en el Caso de la Terminal de Contenedores Quetzal la intervención dictada por el Juzgado de Extinción de Dominio haya sido para devolverle los bienes a sus propietarios en vez de extinguirles el dominio no obstante que es obvio que en ese caso todo deriva de una mordida de 30 millones de dólares que hace perverso todo lo ocurrido después, en cuenta el contrato de usufructo, tiene vicio que genera nulidad de lo actuado.
Es cada día más obvio que la lucha contra la corrupción es selectiva y no va por parejo. Pero con TCQ se llegó a lo burdo.
