La cultura de los actores del poder en Guatemala ha sido, generalmente, la de una completa insolencia ante los hechos de corrupción, abusos de poder, tráfico de influencias y generarse beneficios desmesurados por un puesto del que se sienten dueños eternos.
El ejemplo de Blanca Stalling vuelve a mostrarnos cómo es que hay personas que creen que su posición está más arriba de la justicia a la que todos los ciudadanos deberíamos estar sometidos sin excepción.
En un solo personaje se centra la atención por el caso de corrupción del que se acusa a su hijo por el IGSS, la cuñada jueza y el sobrino por el “Bufete de la Impunidad” y ahora la presión a un juzgador en condiciones de inferioridad administrativa.
La verdad es que se ha cuestionado el proceder de la señora Stalling desde hace años. La cultura del “Sí, ¿y qué?” la implementaron desde que se enquistó en el Instituto de la Defensa Pública Penal, posteriormente cuando integró la lista de postulados para la CSJ y, finalmente, cuando ha sido la mano que mueve a los títeres del grupo cuestionado de dicha Corte.
Cuando hace mucho tiempo se supo de sus vínculos con todo este esquema, al sentirse señalada, se apartó un mes de su puesto como magistrada, dejó que el agua bajara, y regresó con mayor control e influencia sobre ese grupo mayoritario de compañeros. Valga decir que son los mismos que están bajo el escrutinio por la forma en que fueron electos.
Y la pregunta que nos tendríamos que plantear es ¿cuánto influyó Stalling en esos meses en que se logró quedar dentro de la CSJ tras su primer señalamiento? Y lo mismo se les puede plantear a otros cuestionados como Edgar Ovalle, César Fajardo, Juan Manuel Giordano, etc. sabiéndose acusados, ¿cómo y para qué utilizan su poder?
Queda demostrado que el derecho de antejuicio es absurdo en un país en que la clase política, los administradores de los tres poderes del Estado, están comprometidos por sus acciones con actitudes que, fácilmente, los podrían colocar en la cárcel.
La cultura del “Sí, ¿y qué?”, debe cambiar para que en lugar de ser utilizada por esos “todopoderosos” temporales, sea el eslogan de la justicia al demostrar que se actúa sin importar quién sea el involucrado. Que no existan más intocables y que se imponga el Estado de Derecho.
Debe ser el gran reto para la sociedad dejar demostrado que, tras el rechazo del Congreso a modificar el antejuicio, será obligación mayor de la ciudadanía el decidir a quienes encarga la administración legislativa, ejecutiva y judicial del Estado. No podemos seguir gobernados por los mismos.
