Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
«El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar
en su patria un poder que pretenda
hacerse superior a las leyes.”
En el año 1941 en la ciudad de New York surgió una organización –Freedom House–, dedicada a luchar en contra de las amenazas que limitan la libertad. La principal motivación de sus fundadores fue oponerse a las ideas totalitarias del nazismo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial también lucharon en contra del comunismo y sus fines. El liderazgo de la organización creía que la difusión de la democracia era la mejor arma contra las ideologías totalitarias. A través de su misión dicha entidad ha promovido la expansión de la libertad en el mundo entero y el fortalecimiento de los derechos humanos y las libertades civiles en su propio territorio.
Desde principio de los años 70 la organización lanzó un estudio anual, conocido como “Freedom in the World”, el cual es su publicación insignia. Dicho estudio mide el nivel de la libertad en el mundo, a través de 25 distintos indicadores que determinan las libertades civiles y los derechos políticos. Esta semana fue presentado públicamente el informe del año 2016, el cual es desalentador, pues de los 199 países estudiados 67 tuvieron un retroceso comparado con únicamente 36 Estados en los que se registraron avances. Otro dato revelador es que en años anteriores las sociedades que mostraban retroceso pertenecían a Estados en los que no existen libertades civiles, es decir eran regímenes autocráticos o dictaduras. Sin embargo, el año pasado el retroceso fue en países que han alcanzado ya un grado óptimo de libertad. De acuerdo a los analistas, en estos lugares existe un debilitamiento de los pesos y contrapesos entre poderes y en algunos las designaciones de jueces en altas cortes han sido influenciadas por la política, como claramente sucede en Guatemala. Entre los países que retrocedieron se encuentra Estados Unidos. El informe indica que esta nación debe ser observada cuidadosamente por los riesgos de que la nueva administración pueda limitar las libertades de sus ciudadanos. Según afirma Freedom House:
“La libertad es posible solo en entornos políticos democráticos donde los gobiernos son responsables ante sus propios pueblos; prevalece el imperio de la ley; y se garantizan las libertades de expresión, asociación y creencia, así como el respeto de los derechos de las minorías y de las mujeres.”
La orden ejecutiva contra la inmigración que limita el ingreso de extranjeros con visas, residencias o permisos de asilo, firmada por el presidente Trump una semana después de haber tomado posesión, ha sido cuestionada por afectar derechos fundamentales relacionados con la libertad. Sin embargo, inmediatamente la jueza Ann Donnelly, de Brooklyn, Nueva York, dictó una resolución limitando dicha medida por considerar que existe un riesgo de «lesión sustancial e irreparable» a los afectados.
La libertad de un juez a tomar decisiones con absoluta independencia, sin miedo a represalias personales, es un derecho que los jueces reclaman y defienden en el mundo entero. Pero la independencia judicial también es una garantía para los ciudadanos, que cuando tienen necesidad de acudir a un tribunal este será capaz de resolver con imparcialidad y defenderlos de los abusos del poder. Si los guatemaltecos queremos vivir en libertad, necesitamos fortalecer la independencia judicial y velar por su respeto. Los abusos de poder como el que cometió Blanca Stalling deben ser investigados y sancionados.
