Jorge Santos
Es evidente que la sociedad y el Estado guatemalteco están atravesando por un punto de inflexión, en donde está en disputa, la posibilidad de construir otro modelo de Estado o la agudización y control de los grupos impunes y criminales que han subsistido y garantizado sus privilegios a través del control de las instituciones. Hace tan solo tres años atrás la institucionalidad daba claras muestras de dirigirse hacia la consolidación de un Estado criminal que jamás alcanzaría responder a las demandas y necesidades históricas de la población.
El pacto por la impunidad impulsado en 2014 perdió fuerza en 2015 cuando se llevaron a cabo, tanto las capturas de ciertas estructuras criminales que desde el más alto nivel en el Ejecutivo cometían ilícitos, así como por el incremento de la movilización social y ciudadana. Sin embargo, este dinosaurio de la impunidad, corrupción y criminalidad se niega a desaparecer e insiste en retornar el histórico control que tuvieron sobre el Estado en su conjunto.
Por todos y todas es bien conocido que las élites en el país, tanto la económica, política, militar y de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad –CIACS- han utilizado una estrategia que incluye al menos cinco elementos: cooptar, comprar, controlar o amenazar y ejecutar. Es en ese sentido, que estas élites duramente golpeadas por los casos de anticorrupción y de combate a la impunidad, que de manera articulada hacen frente a la justicia. Esta estrategia ha sido puesta en marcha y se evidencia en varios aspectos.
En primer lugar una línea de acción dirigida hacia el Sistema de Justicia que consiste en la pretensión de cooptar, comprar o amenazar a aquellos jueces y juezas que desde la honestidad y el ejercicio profesional ético están impulsando con sus resoluciones la transformación del propia sistema. Todo esto en conjunto con el ya conocido litigio malicioso, que ha sido puesto de manifiesto tanto en los casos de graves violaciones de derechos humanos, como los de Ríos Montt o Sepur Zarco, como por los abogados de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, en los casos de corrupción.
Otra línea de acción se impulsa en el mismo reacomodo de las mafias y estructuras criminales, tanto a nivel nacional como en una diversidad de territorios, tal el caso de Alta Verapaz, en donde el propósito es generar violencia, zozobra y terror para inmovilizar a la ciudadanía que durante meses se movilizó activamente.
La tercera vertiente es la comunicacional que consiste en una sistemática campaña de descrédito y deslegitimación a actores de la justicia y del entorno social opositor a sus intenciones y por último, pero no por ello menos importante, la toma del control político y la consolidación de la cooptación de la institucionalidad pública, particularmente frente al vacío del poder presidencial y que les ha posibilitado desde ahí consolidar sus fuerzas en la presidencia del Organismo Judicial y Legislativo.
Estos zarpazos de la impunidad deberán ser derrotados en varios ámbitos, pero particularmente en la consolidación del fortalecimiento de la articulación social y popular.
