Edgar Villanueva
Recientemente han surgido voces que tratan de poner en tela de duda el combate que actualmente estamos librando contra la corrupción. Unas dicen que está frenando la economía, otras que es una cacería de brujas y otras, un poco más trasnochadas, que es un instrumento del Imperio para controlar el país. Considero que estas voces son señales que nos permiten afirmar que no todos coincidimos en que el combate debe continuar a toda costa.
El día de hoy, varios exfuncionarios enfrentan procesos judiciales por su supuesta participación en actos de corrupción. Ciudadanos que en sus tiempos estuvieron a cargo de dirigir y administrar instituciones como la Presidencia de la República o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aun así, seguimos viendo que en el Ejecutivo continúa el tráfico de influencias, siguen los nombramientos ilegales para pagar favores de campaña y los acuerdos para avalar contratos viciados.
De igual manera, a pesar de haber antejuicios en contra de más de una decena de diputados, estos se siguen repartiendo el pastel en el Listado Geográfico de Obras y tapándose las espaldas en lugar de dar la cara por el país. En componendas con el Ejecutivo, eligieron una Junta Directiva del Congreso que les permita seguir navegando en aguas “predecibles” y son pocos los que están impulsando aquellas leyes importantes para el país y combatiendo las que podrían ser nefastas.
En el Organismo Judicial nos encontramos con Magistrados operando abiertamente para generar resoluciones favorables a sus intereses o los de grupos específicos. No les importa que los ciudadanos estemos hartos de sus tranzas y le faltan el respeto a la investidura alejándose de la Ley para favorecer ciertos intereses. Esta situación se extiende a otras instituciones del Estado y a colectivos sociales de toda naturaleza, sin que se perciba una voz unificada en contra de un sistema podrido.
¿Y qué pasa con el actor más importante? Aquel que genera los cambios reales, el ciudadano. ¿Seguimos pidiendo facturas de gasolina a nuestros conocidos a fin de mes? ¿Seguimos sugiriéndonos unos a otros un contador “pilas” para pagar menos impuestos? ¿Seguimos votando, o admirando, a candidatos a puestos públicos condenados por malversación de fondos públicos?
El problema es que no hemos cambiado el chip que nos hacer pensar que la aplicación de la ley debe ser selectiva y no nos queremos dar cuenta que somos una sociedad partícipe y cómplice de la corrupción. Una vez lo aceptemos, podremos asimilar que el proceso de combate a la corrupción va a ser duro y que impactará nuestra sociedad, nuestra economía, nuestras instituciones y a nosotros mismos, pero que nos fortalecerá y nos dará una mejor oportunidad de construir la sociedad en la que queremos vivir.
Oigo las voces y me pregunto: ¿Dónde está el ímpetu de las marchas del 2015 y aquella introspección que nos impulsó a salir a las calles de demandar transparencia? ¿Dónde quedó la unión intersectorial en contra del flagelo de la corrupción?
