Debería dar pena, pero verdaderamente termina preocupando ver las burdas excusas con que muchos generadores de opinión representan a los sectores de poder oculto que se han visto afectados por el esfuerzo de luchar a favor de un sistema de justicia sólido e independiente.
Hace unas semanas hablaban de la suerte que significaba para el país el cambio de gobierno en Estados Unidos asumiendo que los conservadores retirarían el apoyo a la CICIG y al Ministerio Público. La realidad los debe haber despertado rudamente cuando el nuevo Secretario de Estado no dudó en contestar en su audiencia de nominación que el apoyo a la lucha contra la corrupción se mantendrá por ser parte de los intereses del nuevo gobierno.
También se ha iniciado una ola de críticas por el proceso en contra de familiares del presidente Jimmy Morales. Por supuesto, los argumentos de que la compra de facturas y en sí el fraude «no deberían ser castigados de manera tan severa», tiene eco en gente involucrada en ese tipo de ilícitos.
Han sido tan efectivos en reagrupar poderes, que hasta los medios que se dejaron convencer con la «fafa» de la que tanto habló el Presidente, ahora se presentan como admiradores y aliados del «Estadista».
Pero lo más preocupante es que la campaña de desprestigio que denunciamos en este mismo espacio hace mucho tiempo, se está concretando sin que la sociedad tenga la fuerza de plantarse para demostrar que no caben las mentiras, descalificaciones y exageraciones que se vienen en el contrataque de los poderes ocultos.
Han pedido diálogo sobre las reformas Constitucionales del sector Justicia, pero cuando el Comisionado Velásquez envía una simple invitación para hablar del tema, se rasgan las vestiduras quienes a la vez aplaudían la intervención extranjera (Israel y Taiwán) cuando se trataba de lucha contra el comunismo y hasta ejecuciones de aldeas completas, sindicalistas o actores sociales. La hipocresía es asquerosa.
Públicamente sale el canciller doble cara, aquel que se opuso y detuvo los primeros diálogos de reforma, a decir que es incondicional su apoyo, pero nadie denuncia la farsa.
Lo más complicado es que el contrataque sigue cuando están pendientes el Caso del Transurbano, Odebrecht junto a la manada de diputados que saldrá salpicada, como puede salir alguien más en el Caso del Registro de la Propiedad y las denuncias contra una Corte Suprema de Justicia en su mayoría comprometida con los poderes paralelos.
Desprestigio y campañas negras son las únicas herramientas de los defensores del sistema, pero lo grave es que la sociedad se las compra.
