Edgar Villanueva
Hace algunos días, el PRONACOM publicó que, en el año 2016, el 68 % de los fondos asignados al Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN) habían sido ejecutados. Acto seguido, indicaba que la «contrapartida» estadounidense (que rondaría en US$200 millones) todavía no había sido desembolsada. Si consideramos los niveles de ejecución que han tenido las entidades del Estado, el porcentaje antes mencionado no está tan mal y nos da la oportunidad de poner en la mesa algunos mitos del PAPTN y del apoyo que Estados Unidos está dando al mismo.
Es importante empezar por aclarar que el PAPTN no fue una iniciativa de Estados Unidos, como algunas veces se afirma. El Plan fue una iniciativa de los países del Triángulo Norte, quienes de la mano del BID, establecieron cuatro prioridades y diseñaron un enfoque territorial basado en indicadores comunes que se deseaban trabajar. En respuesta de esta iniciativa, EE. UU. creó la Estrategia de Relacionamiento con Centroamérica (ERCA), con la intención de contar con un vehículo de apoyo al PAPTN.
Para dotar a la ERCA de fondos, el Congreso estadounidense aprobó US$750 millones de presupuesto, y los destinó al Departamento de Estado y a USAID como entidades ejecutantes. Esto no implica que Estados Unidos vaya a aportar dinero a las arcas del Estado de Guatemala, como erróneamente se cree, sino que los fondos financiarán programas y apoyos técnicos para las áreas que los países del Triángulo Norte han escogido.
También creo conveniente resaltar, que el PAPTN no es una bala de plata que tiene como objetivo resolver todos los problemas del país. El Plan tiene un enfoque territorial que pretende generar mejores condiciones en municipios con cierto potencial. Al mismo tiempo se han integrado otros municipios, que sin tener estas condiciones, tienen un índice alto de migración hacia los Estados Unidos. Me parecería lógico anticipar que la mayoría del apoyo estadounidense para el Plan estará enfocado en estos municipios.
Hechas las consideraciones anteriores, considero que el Plan de la Alianza para la Prosperidad tiene los elementos necesarios para ser una iniciativa de éxito si se logra una inversión sostenida en los territorios escogidos. De la mano de esta inversión, debería de integrarse un sistema de análisis de impacto y de rendición de cuentas, que anualmente estudie la efectividad y transparencia de la inversión en cada municipio. Aparejado a este sistema, el Plan debería de tener la flexibilidad necesaria para invertir más en aquellos municipios que sean más eficientes.
De igual manera, se tiene que tener claro que la prioridad del Plan es la creación de mejores condiciones de vida en municipios que pueden generar oportunidades de corto y mediano plazo. Si pensamos que el Plan es un programa para reducción de la migración, estaremos cometiendo un error de enfoque que puede convertir el Plan de la Prosperidad, en el Plan de la Posteridad, tal y como ha sucedido antes con otras iniciativas similares.
