Jorge Santos
Durante esta semana que inicia su ocaso, han sido asesinados tres defensores de derechos humanos y muchos otros están siendo criminalizados, perseguidos y amenazados. Estos hechos de violencia en su contra tienen como denominador común, la defensa de derechos fundamentales de la población, tales como la defensa del agua, la naturaleza, los derechos de las mujeres y los Pueblos Indígenas, de la niñez o del libre acceso a la información pública y la libre emisión del pensamiento.
El martes recién pasado la defensora de derechos humanos Laura Vásquez fue asesinada frente a su casa de habitación, de un disparo en la cabeza. Laura fue una defensora de derechos humanos del territorio en el municipio de Mataquescuintla y otros del oriente guatemalteco, frente a la imposición de un proyecto de extracción de oro y plata en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Doña Laura como era comúnmente conocida, fue injustamente detenida en el marco del Estado de Sitio decretado por el corrupto y violento gobierno de Otto Pérez Molina. Luego de siete meses de guardar prisión preventiva, el Ministerio Público no fue capaz de sustentar ninguna de las acusaciones en su contra y fue puesta en libertad.
No habían ni transcurrido 24 horas de este execrable hecho, cuando en el municipio de San Mateo Ixtatán, de la Nación Q´anjob´al, las comunidades en resistencia frente al robo y desvío del río por la instalación de un proyecto hidroeléctrico, son reprimidas en su derecho a la manifestación pacífica, por parte de la Policía Nacional Civil y un grupo de la seguridad privada de la empresa hidroeléctrica. En dichos hechos de represión, se dispara contra la integridad física de Sebastián Alonzo de 72 años de edad. Los disparos cobardes en la espalda y cabeza, le provocaron posteriormente la muerte, frente a la ausencia de atención médica.
El día de ayer, el periodista Manuel Salvador Villagrán, cuando transcurría por el kilómetro 149.5 en la ruta que conduce hacia el municipio de San Jorge, Zacapa, es asesinado de varios disparos de arma de fuego, por hombres desconocidos. El periodista que colaboraba para varios medios del departamento de Zacapa, también era comunicador social de la Municipalidad de San Jorge.
Estos tres hechos de violencia, que pretenden limitar la defensa de derechos humanos, no serán suficientes para detener la capacidad de los Pueblos de alcanzar el objetivo de construir una Nación distinta a la que hoy tenemos. Mientras esto sucede, es necesario responsabilizar al Estado guatemalteco y sus instituciones de la histórica deuda que tiene con los Pueblos que habitan estos territorios, así como del fallo recurrente frente a quienes defienden los derechos humanos, como un medio para alcanzar la vida digna.
