Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

Empiezo diciendo que como padre de familia siento pena por el señor Jimmy Morales y su familia en la situación que están pasando porque para cualquiera debe ser en verdad dramático ver a un hijo sindicado como delincuente. Lo mismo pasó con padres, esposas e hijos de muchos de los empresarios de la cooptación del Estado, quienes no entendían lo que pasaba porque todos ellos nacieron y crecieron en un entorno en el que sobornar es tan normal como para los Morales conseguir facturas chafas, lo cual no quita, desde luego, la pena y preocupación paterna.

Pero es importante sacar lecciones de todo esto, especialmente porque mucha gente que no pertenece a los “call centers” desde donde se maneja mucho de las redes sociales, sinceramente ve como desproporcionada la acusación que se hace por “unos pocos miles de quetzales” y hay otros que llegan a las radios a decir que la prensa tiene que tener cuidado con el manejo de estos temas porque causan desprestigio al país y lo paralizan, mientras otros invocan el Estado de Derecho, como si eso existiera en nuestro país.

Concretamente me refiero a la señora María del Carmen Aceña y al señor Roberto González Días Durán, quienes en consecutivos programas de radio asumieron papeles que coinciden con esa expresión de un sector que considera que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua y solo para fregar al Presidente. Ambos fueron funcionarios del gobierno de Berger que no se distingue precisamente por su transparencia y en el que se hicieron muchos negocios de esos de cuello blanco que a ojos de mucha gente no merecen el mismo castigo que se debe aplicar al carterista o a quien se roba una gallina, y solo quienes lo invitaron olvidan que Canela fue clave en el pacto de impunidad que coordinó el señor Morales.

Pero el hijo del Presidente hizo algo muy trascendente ayer. Definió a la perfección la ausencia de moralidad que hay en amplios sectores de la sociedad guatemalteca en donde se ve como algo normal no solo comprar facturas sino comprar candidatos a la Presidencia con aportes de campaña. Y por supuesto que para esa gente es impropio que se acuse a un patojo por hacer lo que en su aprendizaje en el hogar entendió como algo normal, como ven mal que a contratistas que aprendieron en el hogar a sobornar políticos se les meta al bote por hacer lo que todos los que están en el negocio hacen.

El joven Morales dijo que más del 60 por ciento de los guatemaltecos viven en la informalidad y todo el tiempo compran facturas. Para empezar, compran facturas los que están en la formalidad para evadir su obligación fiscal, pero creo que es aceptable su estimación de que 60 por ciento de la gente acepta y ve como normal la comisión de ilícitos en la vida diaria, desde cuando se subvalora un bien a la hora de una compraventa para evitarse impuestos, hasta llegar a la contratación de sicarios para castigar a quien les resulta molesto, pasando desde luego por pasarse un semáforo en rojo.

Es la cultura de la ilegalidad la que floreció al amparo de la impunidad.

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