Esta mañana se concretó la orden de captura del hijo y el hermano del Presidente de la República por su implicación en el caso del Registro de la Propiedad en tiempos de Anabella de León. Tal y como se había dicho desde hace meses, su participación en los negocios de esa dependencia terminó en la formulación de cargos en su contra, lo que constituye un duro golpe para la credibilidad de un gobierno de alguien que presentó, como únicas credenciales, que no era ni corrupto ni ladrón, pero cuyos más cercanos familiares terminan señalados por prácticas ilícitas.
En el caso del hijo hay que decir que era un muchacho de apenas 18 años cuando ocurrieron los hechos, pero en algún lugar un mozalbete de esa edad tiene que haber aprendido cómo es que con facturas falsas se hacen cochinadas. No es algo que se intuya o se ofrezca sin conocimiento de causa y el joven sabía hasta a quién recurrir para hacer la mañosería. El embajador del gobierno de Jimmy Morales, Acisclo Valladares, ha dicho que se trata de un asunto sin importancia y que ellos no se beneficiaron económicamente del hecho, pero aparte de que Valladares por cuestiones de cargo tiene obligación de defender al gobierno que representa, lo que hace muy bien en su función de columnista, él mismo es quien constantemente nos repite que la ley es la ley y que debe cumplirse sin excusas como las que ahora oficiosamente presenta.
Está debilitada la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia no solo por el caso Stalling sino por la forma en que se manoseó la elección de los magistrados; está debilitada la credibilidad del Congreso porque muchos de sus integrantes recibieron soborno, entre otras cosas, para aprobar los negocios con la corrupción brasileña. Y ahora resulta que la credibilidad del Ejecutivo se ve afectada en su máxima instancia y en el meollo de su oferta ciudadana, porque hay corrupción y ladronismo en el mismo entorno de quien aseguró que era el único que no encajaba en esas calidades cuando fue candidato, pero sus parientes ya antes de la campaña fueron parte del juego de la corrupción.
¿Hasta dónde vamos a seguir aguantando los ciudadanos este descalabro que evidencia la crisis moral que destruye al sistema político del país y nos ubica como una sociedad lastrada por la corrupción y la impunidad? El gobierno actual se preparó ante estos acontecimientos y por eso cocinaron el pacto de impunidad con González Díaz Durán y los detenidos del Zavala y de Matamoros, quienes confían en los tribunales para seguir impunes.
