Es intolerable que permitamos que sigan siendo administrados los poderes del Estado por quienes mantienen intereses específicos en controlar para el bien propio, el de los poderes paralelos y sus familias, todo el sistema de impunidad que ha mantenido de rodillas al país.
No podemos pensar que la prioridad en las decisiones de administración de Justicia, Legislación y administración Ejecutiva se centraran en las grandes y profundas necesidades del país, cuando tenemos a personas con el poder de encubrir, manipular y chantajear para que se estire la chamarra de la impunidad con la que necesitan ellos y sus familiares más cercanos estar protegidos.
Pero tampoco es nada más de que la Corte Suprema de Justicia solo presione para que se vaya, si es que algún día tenemos la dicha, Blanca Stalling. Es evidente que el método de selección de magistrados es el resultado de una componenda con la que los poderes paralelos y beneficiarios del sistema cooptado se garantizan cuidarse las espaldas por siempre.
Es así como resulta que Patricia Valdés es la seleccionada para seguir con la “administración” desde la Corte; Anabella Morfín y su grupo de defensores de los cooptadores son los “consejeros” del Ejecutivo para maquillar los negocios; Estuardo Galdámez busca llegar a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y Melgar Padilla a la de Finanzas y Moneda.
Somos una estructura de poder público totalmente corrompida. Miremos cómo se les ha olvidado a todos que los Ministros Patriotas, como el de Cultura, usó el Palacio Nacional para una fiesta de familia; un canciller opuesto a la reforma de la Justicia que fue el primero en querer enterrar los esfuerzos planteados por la CICIG.
Por supuesto, todo esto es posible cuando el que los manda tiene que encontrar la manera de lavarle la cara a su hermano y a su hijo. Es una verdadera pena la simpleza con que el presidente Jimmy Morales enfrenta la vinculación de su hermano y su hijo en el caso del Registro de la Propiedad. Nos queda la duda si será por un grueso cuero o simplemente por la certeza de haber “arreglado” el problema con las instancias correspondientes.
La renuncia de quienes resultan involucrados en casos como estos no debe ser la meta buscada sino el mínimo pretendido. Por supuesto que mantenemos nuestra crítica contra los exmagistrados Charchal y Aguilar, pero al menos ellos renunciaron al ver las contundentes evidencias en su contra.
La encrucijada es clara: o cambiamos el modelo de impunidad o condenamos a nuestros hijos a vivir en la corrupción. ¿Qué dice la sociedad?
