Jorge Mario Andrino Grotewold
* @jmag2010
El intento por transparentar las elecciones vinculadas al sector justicia por medio de involucrar a los colegios profesionales y las universidades fracasó, no porque la idea fuere mala, sino porque cada vez más se denota la ausencia de honradez y amor al país, y en su lugar se privilegian los intereses perversos y la tan deleznable corrupción.
Uno de los efectos que se obtuvo al involucrar a los colegios profesionales en las distintas elecciones, fue la generación de un interés de agremiados que no tienen ni la experiencia ni el deseo de una defensa gremial efectiva, mucho menos poner en alto la profesión que representan. Y por el contrario, las conductas de acuerdos supuestos bajo la mesa y la perversión del sistema del voto cruzado para favorecerse mutuamente, hace que ante los ojos de la población, los profesionales del Derecho sean cuestionados.
Por otro lado, la academia también sufrió su desgaste, empezando por la graduación masiva de estudiantes que hizo no solo un bajón en la calidad de profesionales que trabajan, sino también el otorgamiento de cátedras universitarias sin mayores créditos o méritos, con el solo propósito de incluir en su currícula la docencia universitaria, sin pensar en las consecuencias de los estudiantes que reclaman mejores condiciones de educación superior.
Por ello la reforma constitucional de la justicia es obligada. Quizá no guste en algunos aspectos la redacción o inclusive el modelo planteado para la elección de actores de la justicia, pero es claro que de la forma actual en la que se está desarrollando no se logra la justicia pronta y cumplida que se espera. En ese sentido, habrá que diseñar una sustancial modificación para salvar la academia y los gremios profesionales, para que retomen sus verdaderos principios.
La situación actual de quienes integran la Corte Suprema de Justicia es delicada, no solo porque han sido cuestionados desde su elección, al haberse identificado componendas que no permitió una elección libre, sino condicionada a quienes le apoyaron a llegar a las Magistraturas; sino también por las distintas acciones legales que se han presentado en su contra, que han motivado su renuncia –al menos dos de ellos–, y por lo que parece, no tendrá otro camino la actual magistrada Stalling.
La credibilidad del sistema de justicia está puesta en duda. No solo por la ausencia de un desarrollo formal en todo el país que priva de acceso, calidad y efectividad a la población, sino porque quienes se supone deben velar por estas circunstancias, se les acusa de corrupción, tráfico de influencias y vulnerar la independencia judicial.
El modelo se agotó y un cambio es indispensable y urgente.
