Adolfo Mazariegos
Quisiera comenzar estas líneas expresando mis más sinceras muestras de condolencia a las familias de quienes tristemente perdieron la vida hace pocos días en el volcán Acatenango. Una tragedia inesperada y lamentable que, según he escuchado decir, pudo haberse evitado. He escuchado, asimismo, un variopinto abanico de comentarios que van desde aquellos en los que se lamenta lo sucedido, hasta reproches y cuestionamientos hacia las instituciones del Estado (municipales y turísticas también, por ende), por la inexistencia de políticas o programas mediante los cuales se puedan evitar tragedias como la ocurrida. Un par de días después de lo sucedido, mientras conversaba con una estimada profesional a quien tengo en alta estima, ella me decía que, si bien las condiciones climáticas son algo que escapa a nuestro control (en lo cual por supuesto tiene toda la razón), la inexistencia de una oficina municipal en la que deban registrarse todas aquellas personas que deseen ascender el volcán y en la que se les brinde toda la información necesaria y las recomendaciones profesionales que les permitan sobrevivir en casos de emergencia, es algo realmente lamentable. No obstante, esa es una constante en todos (o casi todos) los parques y atracciones turísticas naturales del país, lugares en los que cada quien se aventura como puede y bajo sus propias responsabilidades. Y aunque ciertamente, el turista debe ser precavido y tener el sentido común que le permita no poner en riesgo de manera innecesaria su propia vida en situaciones y lugares que le son desconocidos, la orientación y la implementación de algún sistema de monitoreo y seguimiento a efecto de resguardar vidas y prestar auxilio inmediato en momentos de emergencia por parte de las autoridades, es de crucial importancia, y hasta debiera ser de obligatoria existencia. Pueden argumentarse muchas razones, elucubrarse muchos motivos, alegarse negligencia, evadirse responsabilidades (tirarse la chibolita, como quien dice), pero lo cierto es que varias vidas humanas se perdieron, y eso es algo irreparable. La Constitución Política de la República indica claramente la razón primordial por la cual se organiza el Estado, y asimismo indica que es deber de éste (el Estado) garantizar a los habitantes la vida y la seguridad (Véase: Artículos Primero y Segundo de la CPR), eso incluye, por supuesto, acciones reales y concretas para evitar tragedias como la ocurrida en el Acatenango, para evitar que algo igual o similar vuelva a suceder, enlutando prematura y dolorosamente a varias familias guatemaltecas. Algo así puede sucederle a cualquiera de no tomarse las precauciones y medidas necesarias. Es preciso por ello tomarlo en serio. Y recordar que la pérdida de una vida humana, sobre todo en situaciones como la aludida, es algo irreparable y sumamente lamentable. Reitero mis condolencias a las familias de los fallecidos, que mucho más pudieron haberle dado a este país.
