Juan Antonio Mazariegos G.
Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo está obligado a denunciarlo. Unas cuantas palabras de fácil compresión, vigencia legal, pero de muy difícil ejecución en Guatemala. La acción del juez Carlos Ruano Pineda presentando la denuncia que provocó la solicitud de antejuicio en contra de la magistrada Blanca Stalling debe de ser valorada no solo por el acto de valentía contenido en proceder, poniendo en riesgo su integridad y su carrera, sino porque además contribuyó a acompañar pruebas de su dicho, suma de acciones que solo puede traer como resultado el que se determine que existió interferencia en la labor del juez Ruano.
En nuestro país estamos acostumbrados a juzgar y sentenciar sin que previo a ello se presenten denuncias y pruebas que permitan a un órgano jurisdiccional conocer y procesar los hechos y a los denunciados y esta costumbre crea en la población frustración, pues lo que empieza como una descalificación, con o sin fundamento, termina ajena a los órganos que pueden impartir justicia y el ciudadano no valora eso, sino el resultado, a su juicio, de la inexistencia de consecuencias en contra de quien según él es culpable.
Con independencia de la posición que se tenga en relación a la necesidad de cambios o no en el sistema de justicia, debemos de comprender que esta, la justicia, tiene un solo mecanismo para poder arrojar los resultados que la población desea y que para llegar a ese resultado solo puede haber un inició, la presentación de una denuncia o querella que contenga las pruebas necesarias para determinar que efectivamente una persona determinada realizó un acto antijurídico penado por nuestra legislación.
Es en consecuencia, obligación de los medios de prensa, de los formadores de opinión y de cualquier persona que tenga conocimiento sobre la forma en que opera la justicia y que necesita esta para cumplirse, el trasladar al resto de la población la comprensión de que solo una sentencia dictada por un órgano competente puede sentenciar a una persona e imponerle una pena.
Los supuestos, la desinformación, la imaginación o incluso la verdad sin ser expuesta ante quien corresponda y acompañada de las pruebas pertinentes nunca podrá satisfacer la necesidad de justicia que un país como el nuestro reclama.
No podremos hablar nunca de un país que aplique la justicia sino accionamos ante los órganos que la imparten, por supuesto empieza ahí otro camino tortuoso y empinado, pero como bien dice el dicho «no hay camino más largo que el que no se inicia» y este solo puede empezar y transitarse impulsado por el poder de la denuncia.
