Raúl Molina
No necesitaba una bola de cristal, en octubre de 2015, para vaticinar que el gobierno por instalarse, basado en un proceso electoral ilegítimo –y sostengo que también inconstitucional, al negarse el voto en el extranjero– iba a ser desastroso. Más convencido estuve de mi pronóstico al ver no solamente que Jimmy y Jafeth salían ganadores sino que también la forma en que lo habían logrado, así como el tipo de Congreso que se tendría. Seguramente fui visto como ave de mal agüero e inflexible en mis juicios; pero después de casi nueve mil horas desperdiciadas, todas las evaluaciones del actual gobierno, excepto la absurda autoevaluación del gobernante, realizadas desde los más diversos sectores, concluyen en que fue un año perdido y que se desbarató una oportunidad histórica. El “sistema político” sigue intacto y el Estado no sale de su condición de fallido y neocolonial.
Pese a que el gobierno entregará un informe de más de 250 páginas, aunque sea una caricatura la aseveración del Presidente del Congreso de que lo hecho en 2016 pudo haberse informado en un tuit, son muy contundentes las evaluaciones muy críticas de entidades y personalidades muy serias, como el Observatorio de Pueblos Indígenas, que califica la gestión presidencial como «sin rumbo, racista y excluyente… no hay ninguna acción positiva para el país». Guatemala ha retrocedido. Por ejemplo, ha caído en manos de mafias de mentalidad “contrainsurgente” que insisten en la remilitarización del país y la criminalización del movimiento social; han surgido, como Ave Fénix, novedosas prácticas de corrupción, como la intromisión del Ejecutivo en el Congreso y el otorgamiento de concesiones no transparentes; se ha intensificado el sometimiento a los intereses del sector privado, que se opone a los impuestos y quiere seguir promoviendo sus negocios particulares; se han profundizado las relaciones con países cuestionables, como Taiwán e Israel; se ha soslayado el compromiso del Estado de reforzar programas sociales, pese a que aumenta la pobreza (59%) y no se ha utilizado casi la mitad de la ayuda internacional; y se ha abrazado, sin discusión alguna, la estadounidense “alianza para la prosperidad”, que busca criminalizar la migración indocumentada y ha forzado la militarización regional. Se ha retrocedido también, porque se ha disipado la energía social y política acumulada en 2015. Preocupa el artículo “Primer año de gobierno, faltan 3”, porque el reto no es solo detener la caída vertiginosa, sino que encontrar fórmulas para salir de la crisis y revertir las tendencias. Hay que reestructurar el Movimiento Ciudadano, como instrumento de transformación; pero, más importante, hay que ampliar la participación ciudadana. No es suficiente con el activismo de algunas ONG o las legítimas aspiraciones de formar partidos políticos de nuevo tipo, lamentablemente encasillados en la misma antidemocrática ley electoral; se hace necesario que ciudadanas y ciudadanos, junto al movimiento social, definamos un nuevo Pacto Social mediante una Asamblea Nacional Constituyente incluyente. Esta, sin embargo, debe ser la culminación de un proceso renovador que puede arrancar el 14 a las 14.
