Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En el proceso de discusión de las reformas constitucionales para fortalecer el sistema de justicia, tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala como el Colegio de Abogados se opusieron abiertamente porque al desaparecer las Comisiones de Postulación perderían el enorme poder que adquirieron para integrar las cortes y para designar funcionarios claves como el Fiscal General. El rector de la Universidad mordió el anzuelo que le lanzaron opositores a la reforma y abiertamente cuestionó la propuesta.
Con lo que se supo esta semana sobre la forma en que el «Rey del Tenis», entre otros, manipularon los procesos en las Comisiones de Postulación, tanto la Usac como el Colegio de Abogados debieran de revisar sus posturas para entender que deben estar al servicio del pueblo y no de intereses perversos de los poderes ocultos que vienen utilizando ambas instancias como plataforma para colar sus mañosas propuestas.
En la Universidad sería bueno que el Consejo Superior Universitario revisara lo ocurrido para fijar una postura coherente con la necesidad de reformar el asco de sistema de justicia que tenemos, mientras que en el Colegio de Abogados se está ya librando la batalla para integrar la nueva junta directiva y en realidad todos los candidatos tienen tachas, algunas ya señaladas por grupos activistas en el tema de la justicia y otros que presumen de honorables cuando han jugado papeles tenebrosos no solo pretendiendo desvirtuar casos claros, como el del penoso suicidio de Centeno, sino también en defensa de empresas que fueron parte de la cooptación del Estado con el financiamiento político. En la batalla por el control del Colegio de Abogados lo único cierto es que no habrá espacios para nadie que esté comprometido con el fin de la impunidad y de la corrupción y eso significa el fortalecimiento de los poderes paralelos.
Está clarísimo que deben desaparecer las Comisiones de Postulación que dieron lugar a que se manoseara el mundo académico. No son solo las universidades de fachada, fundadas específicamente para servir a los grupos más podridos del país, sino también la forma en que instituciones como las dos que menciono en esta columna hayan sido presa de la cooptación. Antes el Rector de la Universidad era generalmente un personaje admirado y respetado que llegaba al cargo por esas cualidades y no por gastar millones en campaña. Igual con el Colegio de Abogados, presidido siempre por profesionales honorables y reconocidos, hasta que por el vicio de las comisiones postuladoras empezó a correr la millonada que ahora se gasta en cada elección del colegio, con el resultado ya conocido de directivas muy cuestionadas y que llegan con el ojo puesto en los procesos para designar magistrados u otros funcionarios.
Si un postulador vendió su alma al diablo, o al «Rey del Tenis» que es lo mismo, por un apartamento en la zona 14, imaginemos la cantidad de dinero que corre alrededor de todos esos procesos en los que se decide y consagra la impunidad como práctica permanente en Guatemala. Tener una Corte Suprema al servicio de los delincuentes no es barato y por acción o por omisión, gente como el Rector tienen su cuota de culpa.
