Dr. Luis Fernando Cordón Morales
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Se conmemoraron los 20 años de la firma de los Acuerdo de Paz, que contiene una serie de convenios a los que arribaron el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la cual se concretó con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, dando por terminado los 36 años del enfrentamiento armado interno motivado por diversos aspectos y actores nacionales y extranjeros con intereses egoístas pero con consecuencias dramáticas para la población civil aún doliente del suceso.
Resalto el “Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria”, por ser uno de los orígenes principales del conflicto bélico y porque su atención y cumplimiento ofrecería la oportunidad de desarrollo sostenible y proveerá recursos al Estado para la búsqueda de los demás acuerdos. Dicho arreglo se estructura en cuatro ejes: 1) Democratización y desarrollo participativo: que incluye la participación y concertación social y la participación de la mujer en el desarrollo económico y social; 2) Desarrollo social: enfocado a la educación, capacitación, salud, seguridad social, vivienda y trabajo; 3) Situación agraria y desarrollo social: con la participación de organizaciones rurales y campesinas, entre otras, el acceso a la tierra y a los recursos productivos, con el desarrollo de un estructura de apoyo, la organización productiva de la población rural como factor determinante, el requerimiento de un marco legal que garantice la seguridad jurídica, el registro de la propiedad inmueble y catastro, la protección laboral agraria, protección ambiental y el incremento de recursos priorizados a la modernización del agro y desarrollo rural financiados mediante impuestos territoriales y sobre tierras ociosas; y, 4) Modernización de la gestión pública y la política fiscal: mediante la modernización de la administración pública descentralizada y desconcentrada, Contraloría General de Cuentas de fiscalización eficiente, y profesionalización y dignificación de los servidores públicos. Respecto a la política fiscal, exige una política presupuestaria que responda a un desarrollo socioeconómico estable que priorice el gasto social, la inversión en salud, educación y vivienda, desarrollo rural, promoción de empleo, fortalecimiento de los organismos e instituciones que garantizan el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, y una ejecución presupuestaria eficiente. Referente a la política tributaria requiere de un sistema tributario justo, equitativo y progresivo conforme la capacidad de pago, universal y obligatorio, estimulando el ahorro y la inversión. Además, que el Estado garantice la eficacia y transparencia en la recaudación y administración tributaria, para fomentar la confianza del contribuyente y eliminar la evasión y defraudación fiscal.
En atención a lo referido, el 2017 da otra oportunidad para discutir y replantear la política tributaria de Guatemala, la cual exige una reforma legal que erradique posiciones privilegiadas, revise y elimine beneficios fiscales, sancione severamente a los responsables por delitos contra el régimen tributario y contra el sistema aduanero mediante un proceso que garantice los derechos fundamentes y no mediante una agenda dependiente e irreflexiva, busque el fortalecimiento de la Administración Tributaria, que simplifique la gestión, genere confianza y garantice el cumplimiento de la obligación tributaria general, y no solo sectorial.
