Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Desde mucho antes de que se destapara el Caso de la Cooptación del Estado, aquí en La Hora sostuvimos que el sistema político del país estaba hecho para facilitar la impunidad que alienta la corrupción, razón por la cual públicamente expresé mi resistencia a votar, aunque fuera nulo, por considerar que no era simplemente problema que ninguno de los candidatos llenara mis expectativas, sino de la convicción de que, bajo esas reglas de juego y con el sistema de financiamiento de los partidos que se terminó de imponer, quien llegara sería únicamente peón de los financistas y siervo de la corrupción.
Por ello me entusiasmó mucho el paso al frente que dio la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala cuando destapó el Caso “La Línea”, y más aún cuando su contrapartida local, el Ministerio Público, mostró determinación y firmeza en la investigación y persecución de los delincuentes de cuello blanco. No digamos cuando los ciudadanos salieron a la plaza para reclamar el castigo a los corruptos, lo que equivale decir el castigo a todos los que participaron de esa corrupta forma de hacer política en nuestro país y de sus socios particulares que hicieron negocios facilitados a partir del financiamiento de campañas.
Hemos reclamado, eso sí, que la lucha contra la corrupción no sea generalizada sino que se haya concentrada básicamente en los actores del Partido Patriota, dejando a un lado a los pícaros de gobiernos anteriores, que fueron iguales o peores, pero que siguen al día de hoy gozando de la eterna impunidad que tanto daño le ha hecho al país. Y en los albores de este nuevo año pienso que eso debe ser parte del reclamo que como ciudadanos debemos hacer para ir sentando precedentes que demuestren que aquí no se puede seguir robando impunemente. Ignoro por qué los órganos de investigación criminal se han tomado tanto tiempo para avanzar en casos como el de Transurbano y el de los parientes del presidente Morales, que no se me antojan más complicados que los ya incoados en contra de Pérez Molina y Baldetti. En un país donde hay que pensar mal para acertar, surgen dudas y sospechas sobre la extraordinaria lentitud para formular acusaciones contra el hijo y el hermano del Presidente, no obstante que el delito ya fue descrito y, en todo caso, solo habría justificación para entretenerlas si es que, como se dice, hubiera mucho mar de fondo porque las facturas falsas del Registro de la Propiedad son apenas la punta de un muy gran Iceberg.
Hablamos mucho de que la ciudadanía bajó la guardia y dejó de reclamar y exigir en las calles el castigo a los corruptos, pero también hay que decir que tanto la CICIG como el Ministerio Público parecen haber frenado el impulso que llevaban, acaso temerosos de que puedan repetirse los acontecimientos del 2015, cuando terminaron en el bote el Presidente y la Vicepresidenta.
Lo cierto es que a los ladrones que han lucrado con la pobreza del pueblo, desde el gobierno central o gobiernos municipales y, peor aún, desde ambos, hay que vapulearlos con firmeza y determinación.
