Edgar Villanueva
El año de la supuesta luna de miel entre el Gobierno recién electo y sus electores ha terminado. Se ha aprobado un presupuesto elaborado por el Ministerio de Finanzas del Gobierno actual y, en teoría, el 2017 debería ser el primer “año de implementación” del Plan de Gobierno del Presidente Jimmy Morales. Ante la falta de claridad sobre las prioridades de dicho Gobierno, aprovecho a proponer tres:
La prioridad de 2017 debe ser el combate a la corrupción, la gestión con transparencia y el fortalecimiento del sector justicia. El Presidente debe tomar el liderazgo nacional en el combate a la corrupción e impulsar una gestión transparente en el Ejecutivo. Asimismo, debe asegurar que el Ministerio Público, la SAT y el Organismo Judicial, tengan los fondos suficientes para implementar las reformas e iniciativas que les permitan ser eficientes y operar de manera independiente.
De la misma manera el Ejecutivo debe seguir impulsando los avances en temas de seguridad ciudadana y respaldar el fortalecimiento y profesionalización del Mingob y la PNC. La reducción de los índices de homicidios debe continuar y trasladarse a delitos de impacto diario como las extorsiones y el robo. La precepción que la seguridad mejora, tiene un amplio espectro de impacto que se puede trasladar en mayor bienestar para la población.
Asimismo, el Gobierno debe priorizar en facilitar las condiciones para generar empleos. El guatemalteco sufre en diferentes niveles, pero sobre todo cuando no encuentra una fuente que le permita vivir de manera digna y proveer a su familia. Ya existen propuestas de generación de empleo que son viables y que pueden ser discutidas, modificadas e implementadas en el corto plazo. El Gobierno debe llamar a los sectores involucrados a mesas de diálogo que lleven a acciones concretas.
Estos tres elementos pueden tener resultados de corto plazo que estabilicen el país y que nos permitan trabajar con mayor esfuerzo en los elementos de largo plazo que hemos postergado como la reducción de la desnutrición crónica, la inversión en educación y el mejoramiento de nuestros sistemas de salud.
Entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo y cada uno de nosotros debe hacer lo propio con el pago de impuestos, generando trabajos e involucrándonos en actividades que fortalecen el sector público. Por su capacidad de facilitar el progreso de todos los demás elementos, yo priorizaría en el fortalecimiento del sector justicia y sobre todo en el combate a la corrupción. Si bien el eslogan de campaña lo decía, no solo hay que serlo, sino también aparentarlo.
Asimismo, a pesar que en los casos judiciales el Ejecutivo no tiene competencia, el Presidente debe pública y repetidamente respaldar a las instituciones que sí tienen un rol en ese ámbito de combate a la corrupción. De la misma manera, salvando las interferencias, el Ejecutivo debe otorgar el respaldo presupuestario necesario para que el Organismo Judicial funcione e implemente las reformas necesarias para ser más eficiente.
