Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
A principios de los años 60 un grupo de militares inconforme con el régimen de gobierno dio inicio a un conflicto armado interno que dividió a la población guatemalteca. En el marco de la Guerra Fría el conflicto en nuestro país, como en el resto de países de Centroamérica, fue financiado y alimentado por intereses foráneos, especialmente de las dos potencias mundiales de esa época; Estados Unidos y la Unión Soviética. Existía en la región un campo fértil de descontento para que la problemática proliferara y se prolongara por casi cuatro décadas.
Como en todas las guerras, hubo una población civil que no estaba de acuerdo en que los problemas se resolvieran de forma violenta. En una lucha entre habitantes del mismo territorio, no hay ganadores y perdedores, ya todos están enfrascados en un proceso de autodestrucción y al final pierde el país y sus ciudadanos.
Todos los habitantes de Guatemala, de una u otra forma, sufrimos los efectos del conflicto, aunque no estuvieran involucrados con ninguna de las dos corrientes; vivir en un país que esta en medio una guerra, genera inseguridad, desconfianza, incapacidad de expresarse y temores de distinta naturaleza. Los que tomaron partido y se involucraron directamente asumieron posturas ideológicas, que actualmente han polarizado a la sociedad. Quienes perdieron un ser querido, como consecuencia del conflicto armado, seguramente tendrán heridas profundas y difíciles de sanar.
Me parece que muchos estaban esperanzados cuando en 1996 se firmaron los Acuerdos en Paz entre el Gobierno de Guatemala y la guerrilla, representada por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-; pues los guatemaltecos creímos que sería el principio de un proceso de reencuentro entre la población dividida. Esperábamos, además, que los acuerdos sirvieran para señalar el camino para reconstruir un país en el que se privilegiara el Estado de Derecho, se creara un sistema de justicia efectivo y a través de la certeza jurídica se promovieran oportunidades de desarrollo para todos.
Uno de los acuerdos suscritos se refiere al fortalecimiento del poder civil y la función del Ejército en una sociedad democrática; el cual promovía la reforma de la administración de justicia y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, veinte años después de la suscripción del mismo hay muchos aspectos que no se han desarrollado a cabalidad. Según quedó plasmado en el texto: “Una prioridad a este respecto es la reforma de la administración de justicia, de manera que se revierta la ineficacia, se erradique la corrupción, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización.”
El no haber logrado los objetivos del acuerdo mencionado, ha permitido que en nuestro país prolifere el crimen organizado, el narcotráfico, las maras dedicadas a la extorción, la corrupción, la impunidad y muchos otros males que nos impiden avanzar. Sí una tarea pendiente es la reforma integral del sistema de justicia, es hora ya de que los ciudadanos de bien dejen atrás sus diferencias y busquen juntos la forma de lograr esas metas. La mesa está servida para la reforma constitucional del sector justicia. ¡No dejemos, una vez más, dejar pasar la oportunidad para recuperar la paz!
