Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

No hace falta una inmensa capacidad investigativa para averiguar cuáles han sido las decisiones del Congreso en las que corrió dinero de sobornos, puesto que basta ver aquellas en las que, sin discusión, se logró reunir el voto de la mayoría calificada, cosa que no es usual en un Congreso tan fragmentado como el nuestro, para aprobar leyes y disposiciones que facilitaban empréstitos o que otorgaban favores a algunas empresas de importancia. El común denominador es que no hubo discusión y que los votos se dieron como auténtica aplanadora, lo que ha ocurrido varias veces cada año en distintos negocios, actitud que cobra notoriedad ahora que los brasileños han confesados que pagaron no sólo millonarias mordidas a altos funcionarios, sino que compraron votos de los diputados.

Brasil se está convirtiendo en una Caja de Pandora que, ojalá, sea la tumba de los políticos tradicionales de nuestro país que fueron sobornados para aprobar contratos sumamente onerosos porque se basaron en groseras e infames sobrevaloraciones como la del Transurbano, la carretera a Occidente, los aviones Super Tucano, y los radares que afanosamente defienden el Ministro de la Defensa a pesar de que está probada la sobrevaloración del negocio.

Siempre se ha dicho que uno de los problemas de Guatemala es que no hay continuidad de proyectos y que lo que se aprueba en un gobierno queda abandonado en el siguiente porque no hay agenda de Nación. Sin embargo, lo cierto es que la agenda de Nación en Guatemala es la agenda de la corrupción y por ello vemos que enemigos acérrimos, como eran la UNE y el PP, se ponen de acuerdo fácilmente y sin contratiempos para dar continuidad a aquellos proyectos que tienen la finalidad esencial de enriquecer a los políticos. No hay disidencias en ese sentido y cuando existen individuos tan comprometidos con la corrupción como Sinibaldi y Alejos, las diferencias ideológicas o partidarias ni se toman en cuenta porque al ritmo de los billetes los acuerdos fluyen tanto en el Gobierno como en el Congreso de la República.

Así como el ganado avanza al sonido de las tusas, los políticos guatemaltecos lo hacen al sonido de los billetes de cualquier denominación y de cualquier nacionalidad de origen. La inmoralidad es la norma en el ejercicio de la autoridad en el país y por ello es que no me canso de insistir en que la lucha contra la corrupción y la impunidad es asunto de vida o muerte para los guatemaltecos. No es un tema de injerencias extranjeras en asuntos locales, sino es un tema de decencia en el que tenemos que cerrar filas con quien haga falta para ponerle fin a la corriente implacable que ha permitido a pícaros enriquecerse de manera insolente, con la certeza de que no serán investigados o que, en el peor de los casos como ocurre tras el trabajo actual de la CICIG y el MP, que serán exonerados porque tuvieron el cuidado de poner jueces con la consigna de asegurar la impunidad de los corruptos.

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