Eugenio R. Fernández
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En las últimas semanas se ha vuelto a rumorear que se pretende presentar nuevos impuestos y una reforma tributaria a mediados del año entrante. Este año que termina lo empezamos indicando que era indispensable iniciar el nuevo gobierno con un Pacto Fiscal y terminamos el año insistiendo en lo mismo. Este gobierno, es decir, el Presidente de la Republica, sus Ministros, especialmente el de Finanzas, deben entender que gobernar no significa precisamente gastar.
La queja de todos los gobernantes que hemos tenido ha sido que no tienen suficientes recursos. Sin embargo, nunca se nos ha explicado en qué el Estado ha gastado todo lo que ha recibido, según Lourdes Pérez: “El presupuesto, a precios nominales de 1995 al 2015 ha aumentado casi 600%. En 20 años (cinco períodos presidenciales) pasó de Q9,000 millones a Q62,500 millones. En términos reales el aumento fue 134%, pasando de 9,000 millones de quetzales de 1996 a 21,044 millones de quetzales de 1996.” Es decir, el Estado ha hecho más que duplicado sus entradas y no existen ninguna mejora en las “contraprestaciones” que entrega al ciudadano. Ni la seguridad, ni la educación, ni la salud o la justicia han mejorado efectivamente.
Los funcionarios del gobierno deberían tener claro que no somos habitantes en Guatemala, somos ciudadanos, que tenemos derecho a exigir que las autoridades ejerzan su función de gobernar de manera responsable. Que antes de pedir más impuestos deben garantizar que no existen plazas fantasma, que se depuraran todos los puestos de trabajo del Estado para garantizar que cada salario que se paga está al servicio de la ciudadanía y no al revés.
Los funcionarios del gobierno deberían de entender que es indispensable una reorientación del gasto, todo el dinero que se recibe debe ir, principalmente, donde más se necesita. Hay un exceso de desperdicio, en cientos de programas innecesarios o un apoyo excesivo a lujos o cosas menos importantes. No puede ser que en Guatemala se siga invirtiendo más en el deporte que en la justicia, por poner un ejemplo claro.
Los funcionarios del gobierno deberían de reconocer que realizar sus funciones de forma transparente es su obligación, que todos tenemos derecho a auditar la forma que se lleva a cabo el quehacer del Estado en este país. Deben ponerle dientes a la Ley de Libre Acceso a la Información, eso es una prioridad urgente. Indispensable que podamos encarcelar a todos los funcionarios que nos niegan la información de cómo ejercen y ejecutan sus funciones y los fondos que administran.
Si lo anterior no se logra alcanzar ¿Con qué cara nos piden a los ciudadanos que contribuyamos más? Es que no pueden seguir los gobernantes siendo unas caras duras y vernos a nosotros los ciudadanos la cara de estúpidos. Si en realidad se pretende subir impuestos, es indispensable sentarse a discutir un pacto fiscal que permita delimitar lo que nosotros como ciudadanos exigimos a nuestros gobernantes.
