Juan Antonio Mazariegos G.
Esta semana fue revelado por distintos medios de información que la empresa brasileña Norberto Odebrecht había llegado a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos y dentro del mismo aceptó que deliberadamente pagó en sobornos a distintos funcionarios hasta 788 millones de dólares en 12 países alrededor del mundo para garantizarse la adquisición de contratos de infraestructura.
Dentro de la danza de millones relacionada correspondieron a Guatemala hasta 18 millones de dólares en sobornos o cohecho y de conformidad con los mismos medios, el dinero en cuestión fue entregado a funcionarios corruptos a través de distintas empresas que los delincuentes pusieron a disposición de los brasileños. La prensa guatemalteca por su parte, hizo alusión a lo relacionado por la Fiscal General quien al ser entrevistada indicó que al respecto de esta supuesta contratación anómala existen dos expedientes, uno llevado ante la Fiscalía de Lavado y otro por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de conformidad con noticias que he podido seguir en días pasados, relacionadas a este caso, los mismos se originan de la ubicación de patrimonios que no corresponden a los ingresos de distintos exfuncionarios investigados y por los que se presupone son de ilícita procedencia y ya han sido inmovilizados.
Sin perjuicio de que sin duda las investigaciones ya iniciadas en Guatemala pueden ir mucho más avanzadas de aquello que aparece en las noticias, lo confesado por Odebrecht en EE. UU. se convierte en una nueva línea de investigación, otro punto de partida, que puede arrojar muchas luces sobre el destino final de los fondos, toda vez que en una declaración de este tipo, quien revela los hechos describe además los medios que utilizó para hacer llegar y quienes fueron los destinatarios de esos fondos trasladados con fines fraudulentos.
Desconozco qué acuerdos tenga firmado el Ministerio Público de nuestro país con su homólogo de EE. UU. para efectos de colaboración institucional o traslado de información, o si el acuerdo suscrito en aquel país no contenía cláusulas de confidencialidad o haya sido otorgado bajo algún tipo de acuerdo de reserva, sin embargo, la revelación del convenio se constituye en una importante base para continuar a partir del mismo con una investigación que revele quienes fueron los beneficiarios finales de esos actos de corrupción y permitan a la Fiscalía contar con nuevas líneas de investigación en un caso tan importante.
Al respecto de los contratos de obra concedidos a la empresa brasileña, luego de su declaración en EE. UU, en el acuerdo que origina la presente columna queda muy poco por hacer, ellos mismos confesaron ya ante autoridades norteamericanas que hubo cohecho para su otorgamiento, en consecuencia el consentimiento del Estado de Guatemala estuvo viciado, son nulos y sobre lo actuado deben de deducirse responsabilidades.
