Factor Méndez Doninelli
La empresa española Hidro Santa Cruz ha cerrado en definitiva todas sus operaciones en el país, iniciando el desmantelamiento de la infraestructura construida para la explotación de los recursos hídricos del río Cambalam en el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Luego de varios años de conflicto social 2007-2016 provocado por la construcción del proyecto hidroeléctrico, la empresa anunció su retiro de Guatemala y renunció a los derechos otorgados por el Estado guatemalteco. “Hemos decidido cerrar el proyecto y disolver la sociedad para evitar más problemas”, declaró Fernando Rodríguez, representante legal de la empresa.
El desenlace es resultado de la perseverante y tenaz lucha de resistencia de las comunidades de pueblos originarios, que desde el inicio de operaciones de la citada empresa ofrecieron resistencia al proyecto hidroeléctrico, argumentando que habría contaminación ambiental, que les despojarían del territorio, que se desviaría el cauce natural del río y que para colmo, no se había consultado a la población, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. En 2009 las comunidades realizaron una consulta de buena fe que abrumadoramente rechazó las operaciones de la hidroeléctrica, pese a todo la empresa continuó operando, lo que produjo una escalada del conflicto que tuvo episodios violentos contra algunos comunitarios, quema de maquinaria e instalaciones de la empresa, persecución, criminalización y judicialización de dirigentes comunitarios. Varios líderes fueron detenidos, siete de ellos estuvieron prisioneros más de dos años, hasta que en 2016 fueron absueltos y liberados por orden judicial.
Esta situación tiene varias lecturas. Primera: El Gobierno, el capital nacional y transnacional tienen que entender que invertir en megaproyectos que dañen el medio ambiente y atenten contra los Derechos Humanos de comunidades y pueblos originarios, debe ser previamente consultado y aprobado por las comunidades del territorio afectado, observando y acatando lo que establecen los compromisos internacionales en la materia. Segunda: El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como agencias financieras, deberían evitar otorgar fondos si la contraparte no cumple con los estándares internacionales, entre éstos, las consultas previas e informadas con las comunidades. Tercera: La defensa perseverante, legítima, pacífica y organizada de las comunidades por la vida, el agua, el territorio es justa e histórica.
Por otra parte, esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó otra vez al Estado guatemalteco por desapariciones forzadas y por omitir la investigación de masacres contra pobladores indígenas de la aldea Chichupac, cometidas por militares durante el conflicto armado interno. La sentencia culpa al Estado guatemalteco por la desaparición de veintidós personas de esa comunidad, a quienes se violaron la libertad e integridad personal, el derecho a la vida y el reconocimiento a la personalidad jurídica. La sentencia señala que el Estado incumplió la obligación de prevenir y sancionar la tortura, la desaparición forzada de personas, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Hoy hay alegría en los pueblos originarios, las comunidades de Santa Cruz Barillas han logrado la recuperación del territorio y del agua, libre de contaminación ambiental y de abusos por parte del Estado y de las empresas transnacionales. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho justicia a las familias y víctimas de la aldea Chichupac, falta ver que el Estado cumpla con sus obligaciones.
Que las fiestas de fin de año transcurran en paz, armonía y unidad. Abrazo fraternal.
