Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

La colusión entre políticos y empresarios del transporte urbano viene de lejos, pero alcanzó su clímax cuando Manuel Baldizón llevó a Luis Gómez a reunirse con Sandra Torres, entonces de Colom, para negociar el pago por el transporte para la segunda vuelta electoral en el año 2008. Desde ahí se produjo no solo el exponencial aumento del subsidio que año con año fue incrementado en la Comisión de Finanzas, sino que también ahí arrancan las negociaciones para concretar el negocio del Transurbano que es uno de los trinquetes más onerosos en la historia del país.

Las responsabilidades penales están claramente definidas en el caso de quienes aprobaron acuerdos, tanto gubernativos como municipales, y de quienes operaron la entrega de las millonarias asignaciones. Sandra Torres no fue, en su gobierno, cuentadante porque su papel como la poderosa mujer de un presidente anodino, le permitía tomar las decisiones sin que ella asumiera nunca alguna responsabilidad legal. Para eso estaba el pelele de su marido, quien junto a sus ministros emitió las resoluciones legales que ampararon el trinquete.

Ayer se dieron los primeros pasos para esclarecer ese oscuro negocio y se procedió a inmovilizar importantes propiedades de una sociedad anónima utilizada por el entonces Vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Urbano de la ciudad de Guatemala para diluir la pista del dinero que se les asignó con la intención clara de que fuera a parar al bolsillo de esos “empresarios” y de sus socios en la esfera política. Se ha dicho que lo del Transurbano será un escándalo de enormes proporciones y que el mismo hará rodar muchísimas cabezas de gente que se ha considerado absolutamente impune. La tardanza en iniciar el proceso hacía pensar que los entes a cargo de la investigación pudieran estar enfrentando dificultades porque en este caso serán vinculados personajes que tienen importantes amigos en esas esferas, pero el primer golpe, propinado ayer con la inmovilización de los bienes, es augurio de que el asunto no se ha engüerado y que se sigue trabajando para llevarlo a las consecuencias legales correspondientes.

Hay que observar que en materia de transporte estamos frente a dos formas de estafar al pueblo. Una fue la constitución del negocio del Transurbano que llora sangre, pero la otra, que es un “chorrote” permanente, es la del subsidio que alcanza cifras

Guatemala tiene uno de los peores sistemas de transporte público del mundo y ello en parte es por el modelo de gestión en que se basó, desde hace muchos años, en un subsidio que nunca fue sometido a controles para garantizar que ese dinero se pudiera traducir en un eficiente y seguro servicio. Era una auténtica piñata que permitió a los transportistas amasar fortunas como la que ayer inmovilizaron a Luis Gómez.

Si Guatemala hubiera dedicado siquiera la cuarta parte de lo que se ha gastado en subsidios a financiar un moderno y eficiente sistema de transporte, ya tendríamos uno de los mejores del mundo, dada la cantidad que hubiera estado disponible para inversión manejada honestamente. Pero como aquí, ayer, hoy y mañana, el trinquete es lo que cuenta, tenemos un asco de servicio y muchos lagartos que han vivido del negocio.

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