Dr. Luis Fernando Cordón Morales
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En la última semana han sido variadas las decisiones de los diferentes funcionarios que ameritan citarse y llamar a la reflexión. Iniciando con las 216 exoneraciones de sanciones tributarias autorizadas por el Presidente de la República, haciendo uso de su facultad política, que rompe con la característica de universalización de las mismas y amenaza los principios de igualdad y de justicia de los demás infractores fiscales que ahora podrán exigir trato igualitario como ocurrió en tiempos de la UNE, donde ante el descubrimiento de privilegios aislados la presión sectorial logró un perdón generalizado. Dicha medida no favorece a la decaída moral tributaria ni abona al cumplimiento de la meta fiscal, ya que los beneficiarios no han pagado sus impuestos; por lo que tal dispensa contrasta con el mensaje mediatizado de cero tolerancia por incumplimiento tributario.
La decisión de la Fiscal General de otorgar un bono de «riesgo» generalizado y sin sustento técnico, es un desacertado uso de los recursos públicos, que no fue criticado en los medios ante el temor de ser descalificados de grises o enemigos del cambio, ya que en las circunstancias actuales tener criterio es sinónimo de disidente en Guatemala. Los millones erogados podrían invertirse en la ampliación de la cobertura necesaria y por la que se le asignó un aumento en el Presupuesto 2017; o bien, para mejorar las condiciones de trabajo de los fiscales en áreas retiradas de la capital. Tal disposición fue imitada por otras instituciones, que sí fueron criticadas por su desprestigio. Los bonos tienen en común que no están justificados y que solo representan un desfile de millones de quetzales no priorizados ¿acaso todos los fiscales, magistrados, jueces, personal sindicalizado o no sindicalizado corre riesgo? ¿Por qué se eroga cuando también se está pagando aguinaldo? Lo que sí es un hecho es que muchos burócratas no laboran en circunstancias aceptables y requieren de un reconocimiento, pero el bono no lo soluciona, ya que su situación limitada obedece a la fuga del dinero público en sobrecontrataciones improductivas, innecesarias y cosméticas.
La guinda la colocó el Ministro de Finanzas Públicas al ceder en las instalaciones del Ministerio espacios para los Juzgados y Tribunales en materia Tributaria y Aduanera, porque dicha disposición amenaza la independencia de poderes, al ser el mencionado Presidente del Directorio de la SAT, responsable de la hacienda pública y de la política fiscal del Gobierno; y principalmente, porque no transmitirá confianza a los contribuyentes que buscan encontrar justicia en la tramitación de sus procesos, que en la actualidad no la perciben y que fue la razón del establecimiento de dichos órganos jurisdiccionales especializados ¿Los miembros del OJ participarán en los concursos de belleza, jornadas deportivas y cumpleaños del Ministerio? Durante un foro consulté al funcionario sobre la razón de la medida y me indicó que la ofreció porque la CSJ carecía de lugar; sin embargo, la versión de miembros del OJ me señalan que ya contaban con instalaciones en el edificio de Justicia Civil de la zona 9 ¿Cuál será la verdadera razón de la desafortunada decisión? Como Asociación Pro Derechos del Contribuyente nos oponemos a la misma ante la amenaza a la imparcialidad judicial.
