Juan Antonio Mazariegos G.
Esta semana se hizo público que el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda analiza la posibilidad de dar en concesión hasta 5 nuevos tramos carreteros a diversas empresas privadas, las cuales, por el cobro de un peaje puedan comprometerse a mantenerlas en condiciones óptimas para la circulación de los usuarios.
La infraestructura vial es indispensable para el desarrollo de un país y por supuesto corresponde al gobierno el dotar de esas obras a sus ciudadanos, sin embargo, si el Gobierno no tiene la capacidad de realizar su construcción o de garantizar su mantenimiento en perfectas condiciones, la concesión se torna en una herramienta adecuada para el mejoramiento de la red vial.
Ahora bien, es importante tomar en cuenta que las concesiones de este tipo deben quedar sujetas a ciertas condiciones. Cualquier usuario debe contar con una alternativa para llegar a los destinos que unen las carreteras de peaje, no es justo ni legal, obligar a los usuarios al pago de un peaje, por que no exista otra forma de cubrir esa misma distancia y el Gobierno debe de velar porque esa otra alternativa se mantenga en condiciones satisfactorias de circulación quedando en el usuario la decisión de utilizar o no la ruta de peaje.
La construcción y mantenimiento de carreteras constituyen servicios públicos esenciales que el Estado debe de brindar a sus ciudadanos y en esa calidad su concesión debe ser ofertada a través de una licitación pública. Son perfectamente medibles tanto los requerimientos de la obra a construir o mantener como el retorno que la empresa pueda obtener por su inversión, lo que delimita la oferta de servicios y el cobro a realizar, permitiendo la necesaria fiscalización del evento.
Debe establecerse un cobro alineado a la inversión que la empresa privada vaya a realizar, para construir o mantener la carretera que será concesionada, pues no puede existir un cobro igual en rutas que conlleven construcción y mantenimiento u otras que solo contemplen el segundo. Así mismo, los contratos que documenten este tipo de concesiones deben de contar con las herramientas necesarias para que el Estado pueda supervisar la calidad de los servicios que ofrecen las rutas concesionadas, así como su efectivo cumplimiento, pudiendo, en caso se dé este último, ejercer presión en contra del adjudicatario de la concesión para que cumpla con lo ofrecido o pueda en un caso extremo perder la concesión.
Cualquiera que haya transitado estos días nuestras carreteras sabrá que en su mayoría se componen de hoyos y túmulos, necesitamos ser un país competitivo y contar con mejores servicios, por supuesto la licitación, adjudicación y ejecución deben fiscalizarse, la alternativa es continuar varados.
