Jorge Santos
En 2014 coincidió el cambio de varias cabezas de diversas instituciones públicas del Sistema de Justicia y con ello, la sociedad guatemalteca asistió al Pacto de Impunidad que fue materializado por algunos actores a lo interno de las Comisiones de Postulación, miembros de la élite política y del Gobierno de Otto Pérez Molina. Este grupo operativo impuso la lógica perversa financiada por grupos de la élite económica tradicional y miembros de los mal llamados nuevos ricos.
Solo la Convergencia por los Derechos Humanos planteó 77 objeciones, al mismo número de candidatos y candidatas en dos procesos de selección. Todos los tachados forman parte hoy de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o de la Corte de Apelaciones, como producto de ese Pacto por la Impunidad. Este Pacto luego del avance de los casos contra la corrupción en 2015 se vio debilitado, sin embargo, de la mano de poderosos actores económicos y del partido de Gobierno, hacen esfuerzos denodados por hacer valer el mismo.
La elección de la Junta Directiva del Congreso de la República para el 2017, así como la elección de Silvia Valdés como Presidenta de la CSJ fueron las primeras manifestaciones de la pretensión de hacer retroceder lo avanzado e imponer de nuevo la lógica de privilegios e impunidad históricamente defendida por décadas. Pero luego un coro de racistas y clasistas en el Congreso de la República han manifestado su férrea oposición a las Reformas Constitucionales al Sector Justicia y con ello le asestan un duro golpe a las pretensiones democráticas de la sociedad guatemalteca.
A los hechos anteriores, habría que agregar otra improcedente y frívola querella presentada por los tradicionales defensores de la impunidad y la corrupción, contra el Comisionado Iván Velásquez y el Jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público. Pero esta agenda no se detiene y solo durante esta semana hemos asistido a tres hechos concretos que dan muestra de las espurias pretensiones de estos actores del poder económico tradicional, de la élite política, así como de exmilitares implicados en casos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos.
Esta semana circuló la imagen de una cadena reproducida por la actual Presidente de la CSJ Silvia Valdés, en donde el Presidente de la autodenominada fundación contra el terrorismo, de manera maliciosa y aduciendo mentiras difama y calumnia a la defensora de derechos humanos, Helen Mack. Este hecho reviste una importancia mayor en la medida en la que demuestra la ausencia de independencia judicial de la actual Presidencia de la CSJ. A lo anterior habría que agregar la gira que miembros del poder económico tradicional realizan a Washington D.C. en una peregrinación de impunidad que pretendía convencer a funcionarios norteamericanos quitar el respaldo a la CICIG.
Es por ello, que los actores sociales y populares requieren concentrar sus esfuerzos en detener esta agenda de impunidad y retroceso, así como respaldar las acciones que desde la CICIG, el MP, la SAT y otros han impulsado a favor de la justicia.
