Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No hablo de la forma en que Donald Trump está formando su gobierno en Estados Unidos con masiva presencia de empresarios en los principales puestos de Gabinete, sino de la apuesta de los empresarios guatemaltecos para cabildear a fin de que a partir de enero termine el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos por combatir la impunidad y la corrupción en el país. Para el efecto están gestionando, con ayuda de la Embajada de Guatemala en Washington, que cesen los aportes a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, que es vista, junto al Embajador Todd Robinson, como encarnación del vivo diablo. Según ellos, sin esos dos puntales será fácil sacudirse a la Fiscal General Thelma Aldana, quien completa el trío que los mantiene desvelados.
El argumento empresarial fue detalladamente explicado en un editorial de Siglo 21, el diario que compró la Baldetti. Tanta acción contra la corrupción ha frenado la actividad económica del país porque nadie quiere invertir en las actuales condiciones cuando no se sabe si el Ministerio Público actuará en contra de algún negocio entre las empresas y el Estado o si la Superintendencia de Administración Tributaria reclamará el pago de impuestos omitidos, acción que ellos definen como “terrorismo fiscal”.
Se supone que las reglas claras en cualquier lugar del mundo tienen como punto de partida que todos sean iguales ante la ley y que la misma se aplique por parejo. Eso da certeza para que cualquier inversionista sepa a qué atenerse y cómo trabajar. Sin embargo, en Guatemala nos hemos acostumbrado a hacer trinquetes y para los trinqueteros la única certeza que da tranquilidad y confianza es la de la impunidad. Siempre y cuando se sepa que los ladrones no tendrán que ir a los tribunales a sentarse en el banquillo, entienden que hay reglas claras que estimulan la inversión.
Cuando hay fiscales indagando y husmeando entre los contratos no se siente tranquilidad porque se sabe que las cosas no se hacen bien. De nada sirve tener a un Contralor puesto específicamente para hacerse de la vista gorda y para encubrir la corrupción, si por allí andan fiscales e investigadores de la CICIG metiendo su cuchara.
El sueño de opio de los empresarios se ha esfumado, porque esperaban que el nombramiento de Rudy Giuliani como Secretario de Estado se concretara porque es hombre de ellos y le han pagado para tenerlo como orador en sus eventos. Con esa idea estaban felices porque ya saben cómo se opera con el polémico personaje, pero resultó fuera de consideración por el mismo Trump y ahora centran su esperanza en que Bolton pueda jugar el papel de freno a la política exterior de apoyo al fortalecimiento de la justicia en Centro América.
En Estados Unidos están sorprendidos de oír a empresarios pidiendo que cese la lucha contra la corrupción y tanto demócratas como republicanos consideran cavernarias sus posturas que se estrellarán con el muro bipartidista formado alrededor del llamado plan de la Prosperidad. Es inaudito que no se den cuenta de lo que están pidiendo, de clamar para que se consagre el hueveo y la corrupción porque, según ellos y mucha gente, sólo en ese ambiente puede haber inversión en el país.
