Ayer se conoció que el Ministerio de Finanzas transfirió para el de Defensa Nacional 115 millones de quetzales para cumplir con el pago de tres radares que fueron adquiridos con un crédito del BBVA para el programa de Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera Maya.
Hay varios temas delicados en torno a esta acción que el Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, quiere plantear como un procedimiento que, en caso de responsabilidad penal, no serían de su cartera sino de administraciones anteriores, lo cual no necesariamente es correcto.
Primero que todo porque hay conocimiento ya de objeciones sobre el contrato del que ya están siendo investigados los exministros y generales Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio, quienes guardan prisión por el caso conocido como “Cooperacha”.
Este contrato, como el de TCQ, huele muy sucio. En el tema de los radares se han mencionado desde sobrevaloraciones hasta que se colocan y funcionan según los pactos con grupos de tráfico de drogas que entregan cuotas a cambio del permiso de paso de las cantidades importantes de drogas.
Pero aparte de estas consideraciones, en el caso particular, es de alarmarse cuando hasta la Contraloría General de Cuentas de la Nación se pronuncia en contra. Si una institución que no sirve, como la encabezada por Carlos Mencos, llega al extremo de denunciar un negocio sucio, es porque debe ser en extremo oscuro.
Lo peor es que se honren estos pactos en lugar de defender los intereses del Estado de Guatemala. Que el acuerdo entre los ministros Williams Mansilla de Defensa y Estrada de Finanzas haya sido de proceder con el pago cuestionado, a ver si no termina poniéndolos en condición de enfrentar su responsabilidad penalmente.
Es muy importante considerar que ya va siendo hora de quitarle al Ministerio de la Defensa Nacional la capacidad de manejar con secretismo y a discreción sus gastos simplemente porque sigue siendo la caja chica de los mandatarios y el sobresueldo de los oficiales que meten mano en las finanzas de la institución cuándo no estamos en conflicto armado interno y no tenemos necesidad de acceder a recursos de manera tan oculta.
Si por seguridad fuera necesario, posiblemente bajo los procedimientos regulados en pro de la inteligencia del Estado se pudieran considerar pagos no registrados, pero sí fiscalizados como ocurre en cualquier lugar del mundo. Todo lo demás, en lo absoluto, de los gastos del Estado, debe ser debidamente comprobado hasta el último centavo. Hoy comprometen estos pagos, pero ojalá paguen quienes han mal gastado los recursos del Estado.
