Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
En su columna de la semana pasada en Prensa Libre, Karin Slowing evidencia un nuevo vicio que resulta clave dentro del Listado Geográfico de Obras que se resume citando las primeras líneas de su artículo: “El Ministerio de Finanzas Públicas tomó una medida administrativa que consiste en el traslado de los recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) desde la Tesorería Nacional directamente a las tesorerías de las municipalidades”.
Ella titula su columna como una “Inocente Medida” y según expresa en la misma, las autoridades de Finanzas calificaron la decisión como “una medida de eficiencia administrativa” esgrimiendo que el canalizar los fondos de forma directa “permitiría terminar las obras que han quedado a medio hacer y mejorar los niveles de ejecución de los Codedes”.
Estoy de acuerdo con el artículo de la señora Slowing porque no fue una inocente medida puesto que de este gobierno y de este Congreso no se puede esperar nada inocente y cuando el titular de una cartera hace alarde de su “entendimiento del Estado”, una medida como esta solo se puede interpretar como una jugada para apuntalar los negocios porque ese mismo ministerio no hace ni pío por tratar de evidenciar, menos detener, la podredumbre en la ejecución y fiscalización del gasto y que la Contraloría no sirve para un carajo.
Ella misma denuncia, con razón, que este es el inicio de la campaña electoral y fue una jugada tipo la que Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi hicieron cuando por medio de asignaciones se aseguraron de los fondos de sus campañas y las de sus correligionarios.
Más allá de “eliminar algunos intermediarios visibles” lo que se hizo fue hacer más jugosas las ganancias de quienes manejarán el pisto con total discreción porque si se creía que antes había opacidad, no puede haber nadie con dos dedos de frente que piense que siendo las municipalidades las ejecutoras habrá mejor ejecución y obras; éstas seguirán sin llegar a la gente en parte porque ya sabemos que la CGC no tiene ni capacidad operativa ni voluntad para fiscalizar.
Y a esto hay que sumarle el comentario que hizo el operador de negocios del presidente Jimmy Morales, su hermano Sammy, puesto que cuando se dio la discusión de las reformas al sector justicia llamó “turba” a los ciudadanos que hacían presión, pero no dijo nada cuando al día siguiente llegaron los alcaldes, liderados por Edwin Escobar (que solo a la Embajada de los Estados Unidos duerme o quizá saben lo que es, pero estimarán que es su Somoza), para lograr lo que la señora Slowing explicó y que se resumen en tener control directo de Q14 mil millones de quetzales que servirán para seguir la orgía de la corrupción que derivará en menos oportunidades y más migración.
Y es que todo esto hay que entenderlo como parte del pacto de impunidad que han alcanzado los tres poderes del Estado y varias organizaciones sociales que pujan porque las cosas vuelvan como antes y que han jurado que no pasarán más penas con la justicia para poder seguir haciendo chinche el pisto del pueblo, a costa de la marginación y falta de oportunidades de la gente.
Hay que entender esto como lo ha advertido La Hora en repetidas ocasiones dado que bajo estas condiciones, las elecciones del 2019, nos ofrecerán iguales o peores resultados que los que nos dejaron las del 2015.
Pero al fin y al cabo este pacto existe y han logrado avanzar porque la sociedad lo ha permitido al punto que yo me pregunto ¿de qué lado estará el grueso social? ¿se querrán cambios o se pretenderá que todo siga igual o peor aún, que regresemos a las condiciones del 2014?
Como siempre de usted y de mí depende tener la Guatemala que queremos, la que al día de hoy, dista mucho de la que algunos soñamos.
