Fernando Mollinedo C.
Los partidos políticos por medio de sus candidatos nos dijeron que por el mar corre la liebre y por el monte la sardina; la población buena y generosa con deseo de ser gobernada por gente honesta y correcta, lo creyó. Como buenos masoquistas sociales, la mayoría de la población votó por ellos, ahora que se dan cuenta de las mentiras, se rasgan las vestiduras vituperándolos al saber que: ni la sardina se echó al monte ni la liebre va por mar. Mentiras.
Esta clase de personas demuestran con sus actos que no se merecen el aprecio y el respeto social que su investidura pretende proporcionarles; ese grupo reducido de quienes demuestran gran habilidad para defraudar al erario nacional, pero esas son las reglas impuestas por los verdaderos dueños del país y aceptadas por la sociedad (oferta y demanda política).
Resulta escandaloso que los fabulosos salarios de personas que no cumplen con sus obligaciones como dignatarios, funcionarios y empleados públicos, suelan verse multiplicados por asquerosos negocios de grandísimo valor para quienes a precio de oro venden la soberanía del país sin importarles que la mayoría carece de los servicios mínimos de subsistencia como el agua, tierra, salud y educación.
Resulta, de hecho, una estúpida paradoja que muchísimas personas con el pago de sus impuestos hayan convertido en millonarios a ese reducido grupo (cada vez más creciente) de aspirantes a «ladrones profesionales de cuello blanco» que hasta hace pocos años estaban, en buen chapín «comiendo mierda» sin pagar impuestos; quienes ahora cooptan al Gobierno para sus aviesos fines riéndose de las autoridades con un descaro ignominioso.
Si un ciudadano común y corriente defrauda presuntamente al fisco aunque sean cinco quetzales, se convierte en un apestado social sujeto de persecución penal y la SAT cual perro pitbull no lo suelta ni deja libre hasta que haya pagado su deuda; pero si el defraudador es político conocido, empresario, comerciante, industrial, financista, religioso o familiar de cualquiera de estos hijos de varios padres, a ellos si se les otorga los beneficios legales correspondientes a su estrato económico, sin importar que sean unos vulgares delincuentes de la misma categoría y carroña de los mareros.
Ideal sería que la responsabilidad, calidad y transparencia de un extraordinario nivel de rendición de cuentas fuera materia fundante en el quehacer administrativo, judicial y legislativo en Guatemala. La sociedad ya está cansada de tantas dificultades y reacciona de forma contundente cuando aparece un escándalo, mucho más allá de que este quede circunscrito a un ministerio en particular y la sensación popular será por generalización imperfecta: que en esa dependencia si se puede huevear y que los que trabajan allí son unos ladrones.
Cargos directivos mezclados con cargos ejecutivos, falta de políticas de control, ninguna transparencia o nula explicación de los programas, su coste y a quienes se destina, son algunos de los más típicos signos de que hay ladrones a la vista. La rueda de los millones de la que todos se aprovechan, nunca deja de girar. ¡¡Dios los tuviera en su gloria…!!
