Jorge Santos
Hace 34 años, entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, durante el gobierno de Facto de Efraín Ríos Montt, un grupo especializado de las fuerzas armadas del ejército, conocido como Kaibiles, irrumpió en el Parcelamiento Dos Erres, Las Cruces, en el Petén y masacró a 251 personas, entre las cuales se encontraban niños, mujeres y hombres de distintas edades. Se conoce que antes de ser ejecutadas, habían sufrido malos tratos, tratos crueles e inhumanos, tortura y en el caso de las mujeres violación sexual, incluso de aquellas que estaban en periodo de gestación.
A estos deleznables hechos hay que sumar que al menos dos niños fueron intencionalmente plagiados y llevados por elementos del ejército y durante años les mantuvieron cuales esclavos o bien los alejaron de toda posibilidad de reclamar su pasado y a sus familias. Esta masacre tuvo como origen la intención de buscar unos fusiles que habían sido tomados por la guerrilla, en una emboscada que provocó la muerte de 20 soldados, en octubre de 1982. Este extremo totalmente falso y sin sustento alguno, culminó en una búsqueda que se transformó en horror, en ejecución, desaparición, tortura, violación sexual y masacre.
14 años después, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) inicia la investigación de esta masacre. Esta labor de búsqueda de la verdad y de justicia, ha llevado a las familias de sobrevivientes, en un largo camino a encontrarse con aquellos niños raptados por elementos del ejército y que hoy forman parte fundamental de la reconstrucción de aquellos execrables hechos. Desde 1994, muchas de las familias de las 251 personas masacradas, regadas por el territorio nacional, empiezan a romper el largo silencio.
Con esta investigación, Famdegua y las familias lograron, junto a un grupo de antropólogos argentinos, la exhumación en un pozo del Parcelamiento donde fueron arrojados los cuerpos de las y los masacrados. En la misma se logró la recuperación de 162 osamentas, entre las cuales había 67 de niños y niñas menores de 12 años.
Luego de una larga ruta, en la búsqueda de la justicia, que ha llevado a las familias al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han sido acusados de estos hechos la unidad Kaibil, así como los altos mandos del ejército de la época quienes no solo tuvieron conocimiento de la masacre, sino sin lugar a dudas diseñaron, ordenaron y suministraron los recursos necesarios para que el grupo especializado se trasladara hasta el Petén y ejecutara la masacre.
A la fecha, de los más de 20 kaibiles y los 40 efectivos que perpetraron esta masacre, han sido responsabilizados 5 militares y sentenciados a más de 6 mil años de prisión por las 251 personas masacradas. Hoy las familias se aprestan al inicio de un nuevo proceso contra otros implicados que fueron encontrados en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá y sin lugar a dudas no descansarán hasta encontrar justicia para sus familiares. Ojalá y el acceso a la justicia por parte de las víctimas y familiares sea una garantía de no repetición.
