Javier Monterroso
Hace un par de semanas el Congreso de la República suspendió la aprobación de las reformas constitucionales en materia de justicia, pero además improbó el artículo que buscaba limitar los alcances del derecho de antejuicio y casi hace lo mismo con el tema del reconocimiento del derecho indígena. Corresponde ahora preguntarnos ¿Que sucederá ahora con la propuesta de reforma constitucional?
La propuesta de reformar la Constitución en materia de justicia lleva más de 20 años de discusión, ya el acuerdo de fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática suscrito en 1995 contenía una serie de propuestas de reforma a varios artículos de la Constitución para permitir el fortalecimiento de la independencia y la carrera judicial y restringir la justicia militar, posteriormente diversos informes plantearon la necesidad de separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia.
Partiendo de estos temas la Secretaría Técnica del Diálogo para la justicia conformada por la CICIG, el MP, la PDH y la OACNUDH agregó otros temas tales como la restricción de los alcances del derecho de antejuicio, la reforma al mecanismo de elección de Fiscal General y de la Corte de Constitucionalidad, entre otros que se incorporaron a un documento de propuesta, mismo que fue sometido a discusión en mesas de diálogo en varios departamentos y en la ciudad capital con largas jornadas de discusión entre diversos sectores incluyendo al sector empresarial. Finalmente se presentó una iniciativa de ley al Congreso que contenía una propuesta de reformas a la Constitución que fue precisamente la que los diputados decidieron no aprobar.
Hace años que don Iván Velásquez pretende reformar la Constitución Política de la República en materia de justicia y con mucha razón, pues a pesar de lo que diga el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el diputado Linares Beltranena y otros opositores a la reforma hay ciertos temas como la independencia y Carrera Judicial que no pueden reformarse por ley ordinaria sino que requieren reforma constitucional, pues es precisamente el diseño constitucional el que no funciona, sin embargo los esfuerzos de reforma que ha encabezado la CICIG han sido bloqueados, primero por Otto Pérez Molina a inicios del 2015 y ahora por la alianza entre sector empresarial y sector político.
¿Será posible rescatar aún la reforma constitucional?, creo que sí, pero para ello la secretaría técnica debe replantear toda su estrategia política que dicho sea de paso fue muy ingenua, la estrategia debe tener claro que ni el CACIF ni el FCN van a apoyar la reforma a menos que se vean obligados a hacerlo y que debe haber una estrategia de alianzas con la sociedad civil, los operadores de justicia y las universidades pero que ello implica hacer reformas a la iniciativa de ley, de lo contrario la reforma no pasará y se habrá perdido otra oportunidad para mejorar en algo la justicia en Guatemala.
