Ayer el presidente de la Comisión de Probidad del Congreso de la República, Amílcar Pop, hizo un planteamiento claro sobre la violación a la Constitución y a la ley de Contrataciones del Estado que Jimmy Morales y su gabinete quieren que los diputados cometan para favorecer a APM Terminals, empresa que compró el negocio que incluía una mordida de 30 millones de dólares que se habría pactado con la cúpula del gobierno del Partido Patriota.
Es un negocio con endoso directo a una sola empresa y se están entregando propiedades que son del Estado y no de alguna de las empresas privadas con que el presidente Morales y su hermano Sammy hacían sus «Moralejas» y demás negocios.
Por supuesto, seguirán las voces de quienes dicen que es el «mal menor» para que los pobres de APM Terminals no pierdan tanto por un negocio que nació torcido por las mañas con que se hizo. El problema de quienes utilizan ese argumento, entre quienes se incluye a la Procuradora General de la Nación y al interventor, es que olvidan que el Estado no tiene por qué perder ni derechos ni beneficios simplemente para que una empresa no corra riesgos de ver afectada una inversión turbia.
Se ha planteado que es urgente la operación de dicho puerto y por ello creemos que la única forma de hacerlo es mediante una licitación internacional abierta, con más participantes que APM Terminals, para que en condiciones de absoluta transparencia y auditoría social se pueda asignar a quien más beneficios otorgue al Estado. Hay que recordar que, a pesar de los sindicatos manipuladores, de eternas negociaciones que generan muchas dudas porque son parte de la corrupción, etc., la Empresa Portuaria Quetzal y Santo Tomás de Castilla generan utilidades importantes.
En fin, que si quieren seguir adelante con la terquedad de entregarle a dedo «el carro robado» a quien lo compró aduciendo «buena fe», que sepan que ya hay ojos sobre el procedimiento y se ha cantado el carácter ilícito de la operación que están proponiendo.
Es importante señalar el crucial papel que tiene la concesión a dedo que se quiere dar por la Terminal de Contenedores Quetzal dentro del notorio y burdo pacto de impunidad que impulsó Morales desde Santo Tomás, porque constituye casi que la Joya de la Corona dentro de todo lo que se acordó y que además incluía el presupuesto y el rechazo a las reformas constitucionales.
TCQ es como una receta en la que confundieron harina con arena. Hay que empezar de nuevo y hacerlo bien.
