Javier Monterroso
El lunes 28 de noviembre el Congreso de la República conoció en tercer debate, redacción final y por artículos la propuesta de reforma constitucional en materia del sector justicia elaborada por la Secretaría Técnica del diálogo nacional por la justicia integrada por la CICIG, la OACNUDH, el MP y la PDH.
A pesar de que la propuesta de reforma contenida en la iniciativa 5176 fue presentada al Congreso por los presidentes de los tres poderes del Estado y firmada por más de 50 diputados, el día lunes fueron improbados los dos primeros artículos referidos a restringir el derecho de antejuicio y el tercer artículo relativo al reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas estuvo a punto de correr la misma suerte, por lo que el Presidente del Congreso Mario Taracena decidió suspender la sesión para evitar un rechazo a toda la propuesta.
¿Por qué los diputados dijeron no a las reformas constitucionales? Sobre este punto hay mucha tela que cortar, en primer lugar las reformas pretendían restringir el derecho de antejuicio de tal forma que aun los funcionarios que gozan de inmunidad puedan ser investigados por el MP, es decir puedan revisar sus cuentas bancarias, interceptar sus llamadas telefónicas, allanar su casa, etc; el problema es que en el actual Congreso hay más de una docena de diputados acusados de diversos delitos y contra quienes el MP ya solicitó que les retiraran la inmunidad, por lo que era iluso pensar que estas reformas tenían siquiera alguna posibilidad de pasar, sería como si los mismos diputados se pisaran la cola.
Los factores de la no aprobación del tema del derecho indígena son mucho más profundas: miedo a empoderar a los pueblos indígenas, ignorancia de algunos que desconocen cómo funciona el derecho indígena y el papel que este juega en la sociedad guatemalteca, racismo y sobre todo desinformación. El rechazo fue encabezado por el sector empresarial organizado, que el mismo lunes publicó campos pagados en los medios de comunicación manifestando su rechazo a este tema, y son tan fuertes estos factores que ni siquiera la presencia en el hemiciclo de la Fiscal General Thelma Aldana y del Comisionado de la CICIG Iván Velásquez pudo persuadir a los diputados para que aprobaran estas reformas.
Y es que en el fondo el rechazo a las reformas es también un rechazo a sus principales impulsores la CICIG y al MP, es una derrota para estos dos actores que desde abril de 2015 han sido los protagonistas del debate político y jurídico y, sobre todo, es un mensaje de parte del sector político y del sector privado a que estas dos instancias se enfoquen en su mandato de persecución y no se metan a reformar el Estado. Tras el fracaso de la reforma en materia de justicia es probable que le corresponda ahora si a la ciudadanía definir el rumbo de la reforma del Estado, y es probable que el único camino posible sea a través de una Asamblea Nacional Constituyente pues es claro que el Congreso no lo hará.
