Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
El día lunes 28 de noviembre, durante la sesión plenaria del Congreso se conoció en tercera lectura la reforma constitucional en temas de justicia. Durante la discusión los diputados que tomaron la palabra se llenaron la boca diciendo que apoyaban los cambios constitucionales, incluso expresaban reconocer que la actual normativa permite o facilita la corrupción, sin embargo encuentran la forma de retrasar la aprobación de los cambios requeridos bajo argumentos absurdos o vacíos de contenido. Pocos son los congresistas que se atreven abiertamente a rechazar la iniciativa de reforma al Sector Justicia. Pero en el momento de aprobar los artículos de las modificaciones propuestas, no se evidenció la voluntad política necesaria, así que prefirieron suspender el debate.
Todos sabemos que las reformas legales deben pasar por la aprobación del Congreso, previo a que los ciudadanos podamos manifestarnos a favor o en contra de la propuesta. Formalmente el Organismo Legislativo tiene la facultad de aprobar leyes y modificarlas, incluyendo la Constitución. Sin embargo me cuestiono ¿si efectivamente los congresistas tienen la legitimidad moral para llevar a cabo este ejercicio democrático?
Los actuales diputados fueron electos en un contexto de desencanto con la clase política, en medio de múltiples escándalos de corrupción. Muchos de ellos pertenecen a los mismos partidos que se han aprovechado de los bienes públicos para el enriquecimiento personal, como la UNE, Lider o el Partido Patriota, que solo cambian de nombre para engañar al pueblo, pero son los mismos que por años han promovido la corrupción. Muchos de esos congresistas o sus partidos políticos tienen vínculos directos con el crimen organizado.
El sistema legal actual fue diseñado para proteger a los funcionarios corruptos y facilita el tráfico de influencias en el Sistema de Justicia. La forma como se regula el antejuicio es solo una muestra de una norma que les garantiza actuar con total impunidad. Como bien ha dicho la Fiscal General: «En Guatemala inmunidad es sinónimo de impunidad». Era iluso pensar que los actuales diputados podían renunciar a un derecho que los protege de una persecución penal, ellos defenderán el sistema actual con uñas y dientes, pues tienen como decimos en buen chapín: la cola machucada.
La mesa técnica, integrada por el Ministerio Público, la CICIG y la Procuraduría de Derechos Humanos realizó un arduo trabajo buscando generar un documento que tuviera consenso entre la población. Todos sabemos que es sumamente complejo llegar a acuerdos cuando existen posturas radicalmente opuestas, en ambientes tan polarizados como el que se vive en nuestro país.
La propuesta de reformas al sector justicia es una herramienta indispensable para la lucha contra la corrupción, si esta se pierde perderemos la oportunidad de construir una mejor Guatemala, en la que sus recursos sean utilizados para el desarrollo de todos sus habitantes y no de unos pocos políticos corruptos.
Los guatemaltecos honestos reconocen la urgente necesidad de hacer cambios que permitan que Guatemala tenga un sistema de justicia sólido y confiable. Lo que hace falta es encontrar el camino para realizar las reformas constitucionales. El Congreso actual, integrado en su mayoría por individuos de dudosa reputación, no permitirá realizar cambios sustanciales. Ellos son quienes sostienen y se esconden detrás del muro de la impunidad. Necesitamos urgente una depuración del Congreso y de la clase política que hoy nos gobierna.
