Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No es pesimismo sino realismo político entender que Guatemala no está en rumbo a modificar su sistema político ni las reglas que rigen el ejercicio del poder. El modelo que permitió a los gobernantes del pasado, incluyendo a Pérez Molina como uno más en la lista, beneficiarse personalmente con actos de corrupción más o menos burdos, pero podridos todos, sigue y seguirá intacto porque cualquier cambio o reforma tiene que pasar por el Congreso de la República y allí no hay el menor interés por modificar las reglas de juego que les han sido tan lucrativas.
Aquí no hay diferencia entre la vieja política y la nueva porque el dinero se convierte en un útil instrumento para aglutinar a todas las fuerzas alrededor de una estructura de poder diseñada específicamente para facilitar el saqueo de los recursos públicos y la prostitución de todas las instituciones a fin de que operen cumplida y eficientemente en garantizar el reino de la corrupción y la impunidad.
El sistema de justicia se ha convertido en una pieza indispensable para impedir la correcta aplicación de la ley aún en casos debidamente investigados y documentados como los que la CICIG y el Ministerio Público nos presentaron a partir del año pasado y que continuaron develándose con el correr de los meses. Por ello es que la reforma constitucional era tan importante porque mientras subsista el sistema de Comisiones de Postulación, cooptadas por los poderes fácticos que hasta fabrican universidades para tener espacios en esas comisiones, no puede esperarse el imperio pleno de la majestad de la ley.
Esgrimiendo diversos argumentos se produjo la avalancha contra la reforma que, en el fondo, lo que pretendía era impedir cualquier cambio que pudiera generar un marco distinto para el juzgamiento de los señalados por la corrupción. Ante la eficiente investigación realizada por métodos científicos, rompiendo el molde histórico de casos basados en simples testimonios, el sistema de justicia se convertía en pieza clave para avanzar o detener la lucha contra la impunidad en Guatemala y por ello es que se invirtió mucho tiempo en la amplia discusión de las reformas con distintos sectores de la ciudadanía que, sin embargo, no son de los que finalmente pesan a la hora de la toma de decisiones. Los poderes reales, el verdadero poder fáctico, se reagrupó hábilmente con motivo de la elección de la nueva directiva del Congreso, presidida por el señor Chinchilla, a quienes algunos señalan como tonto útil, pero Mario Taracena crudamente describió como “tonto inútil”. Esa elección fue el inició de una alianza poderosa entre los tres poderes del Estado para detener todo riesgo de avance en reformas que pusieran fin al modelo político actual y por ello, cuando los Presidentes de los tres poderes trasladaron la iniciativa de reforma al pleno del Congreso, sabían que estaban certificando que el bebé nacía muerto.
De nada sirve que, como dicen, los buenos sean más que los malos si no mueven un dedo para hacerse notar y ejercer algún tipo de influencia. El silencio que produce esa mayoría, buena pero indiferente, resulta abrumador y devastador porque significa la bendición para asegurar eternidad al perverso modelo de corrupción e impunidad.
