Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No deja de ser una paradoja que gente que promueve la privatización de los servicios de la seguridad social tengan algún tipo de vínculo con quienes se dedican a saquear los fondos que debieran servir para cubrir las prestaciones de los trabajadores, pero debemos entender que así es como funcionan muchos de esos sectores que claman contra lo público, pero que le sacan raja cada vez que pueden. Ahora estamos viendo un nuevo proceso, de los muchos que hay y de los que puede haber, relacionados no con la compra de medicamentos o contratación de servicios de salud, sino con adquisiciones que también lloran sangre.
Los casos del arrendamiento de un edificio para oficinas, de la compra de ambulancias sobrevaluadas y, sobre todo, la supuesta adquisición de un sistema de cómputo, evidencian cómo la sobrevaloración se convierte en un instrumento de los sinvergüenzas en asqueroso contubernio con los funcionarios que hacen las adjudicaciones. Nuevamente la misma Junta Directiva que está procesada por el caso IGSS-PISA, vuelve a ser sindicada de responsabilidad por la aprobación de esos negocios leoninos que lloran sangre porque le están robando al fondo que debe servir para cubrir la atención a los afiliados que contribuyen mes a mes con el pago de sus cuotas.
Indigna saber que gente que ha estado promoviendo una privatización y que fueron a Chile para dizque copiar el modelo de pensiones privado que estableció Pinochet (y que ya muestra serios problemas), pueda haber estado vinculada de alguna manera con quienes estafaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social mediante alguna de esas fraudulentas operaciones. Se trata de negocios que no por burdos dejan de ser promovidos por los delincuentes de cuello blanco que abundan en nuestro país y que luego presumen de ser patriotas interesados en los asuntos públicos, cuando lo que son realmente son piratas que no vacilan en embolsarse un par de cientos de millones de dólares con una venta de, por ejemplo, programas de computación que por intangibles se convierten en atractivo instrumento del trinquete.
Razón tiene el Comisionado Iván Velásquez al recordarnos que estamos muy lejos de alcanzar el rescate del Estado frente al saqueo de la corrupción que se nutre tanto del régimen de impunidad. Y más cuando vemos que los guatemaltecos no llegamos a mostrar nuestra indignación frente a este tipo de casos en los que queda absolutamente demostrado que el saqueo afecta de manera directa al ciudadano. Al robar en el IGSS le están minando capacidad para atender a los afiliados y serán estos quienes pagarán con sangre, sudor y lágrimas, las consecuencias de esos negocios indignantes.
Y lo peor es que gracias al aparato de impunidad que montaron los corruptos, los implicados apuestan a que saldrán bien librados o por lo menos con condenas leves, como la de Medrano, muy inferiores a la que destacó hace unos días Mario Antonio Sandoval cuando publicó que en Xela un tribunal condenó a doce años de cárcel a quien se robó una alcancía de iglesia con Q312. Los que se roban millones pueden sobornar jueces y asegurarse, en el peor de los casos, penas risibles porque aquí un ladrón de gallinas se pudre en la cárcel, pero un presidente o ministro ladrón simplemente, “ya la hizo”.
