Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
El proyecto de ley que pretende reformar la Constitución en aspectos relacionados con la Justicia, se ha generado en un debate intenso. Algunos se oponen porque están cómodos con el status quo y no quieren que nada cambie, como algunos diputados que pretenden seguir gozando del antejuicio que por años los ha protegido de ser investigados. Otros están en contra porque tienen temor a los cambios y consideran que algunos artículos propuestos, como la norma del reconocimiento al pluralismo jurídico, generan más conflictos que los que actualmente enfrentamos como sociedad. También están los que argumentan que el proyecto no ha sido discutido a profundidad o que es una imposición de la comunidad internacional. Esto último me parece absurdo, pues basta abrir los ojos para darnos cuenta que nuestro sistema de justicia necesita de cambios sustanciales y no hace falta que nadie de fuera lo señale.
Hay quienes expresan abiertamente su oposición a las reformas constitucionales, sugiriendo en contraposición modificaciones a leyes ordinarias. Por otro lado están los que apoyan el proyecto, tal como fue presentado al Congreso y unos más que reconocen que es necesario hacer modificaciones, pero no están de acuerdo con algunas de las propuestas.
Lo que no se vale argumentar es que no ha existido oportunidad para la discusión, porque desde el mes de abril se abrió un espacio de diálogo, que fue ampliamente difundido, en el cual cualquier ciudadano u organización interesada en el tema tuvo la oportunidad de participar. Esto no implica que todos los que participaron estén conformes con la propuesta final.
Personalmente considero que es necesario modificar la Constitución si queremos cambiar las reglas del juego que han permitido a los poderes paralelos, al crimen organizado y a las mafias infiltrar las instituciones del Estado, incluyendo al propio Organismo Judicial. La normativa constitucional actual es una camisa de fuerza para la independencia judicial.
La forma como se nombran a las actuales autoridades en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema permite una injerencia directa, no solo de los otros poderes del Estado, sino también de otros grupos de interés. Para que esto cambie, hay que cambiar la Constitución y se deben impulsar reglas que privilegien la Carrera Judicial.
En los últimos meses hemos visto cómo jueces de primera instancia, comprometidos con la justicia han sido quienes se han atrevido a dictar resoluciones en contra de los intocables de todos los sectores del país: políticos, empresarios, militares, banqueros, gobernantes, etc. Estos jueces son quienes tienen la madera y la legitimidad para integrar las altas cortes y solo a través de una verdadera reforma judicial en la que se incorporen normas que garanticen la independencia judicial se logrará transformar el Sistema de Justicia.
Las expectativas de cambio que se generaron con los casos de corrupción que provocaron la renuncia de Otto Pérez Molina y sus principales colaboradores, a raíz de salir a luz diversos casos de corrupción en la que estaban involucrados los funcionarios, se verán frustradas si no hay cambios de fondo en la legislación.
Los ciudadanos tenemos que estar muy atentos para que el Congreso de la República no bloquee la propuesta de reformas al sector justicia y si deciden modificar el proyecto consensuado en las mesas de diálogo, hay que velar para que las normas propuestas fortalezcan el Estado de Derecho y no lo debiliten.
