Oscar Clemente Marroquín
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Hace muchos años, cuando estaba en la Municipalidad de Guatemala bajo la Alcaldía de Manuel Colom, me llamaba la atención la facilidad que tenía Vitelio Castillo, a cargo de las relaciones públicas, para utilizar frases del ingenio popular que caían como anillo al dedo en situaciones concretas de la vida diaria, porque todas tenían un gran significado y eran mucho más profundas que casi todas las cacareadas moralejas.
Y la que uso hoy para titular esta columna se la escuché por primera vez a Vitelio y ahora, cuando los diputados están poniendo el tema del antejuicio como uno de las principales objeciones que hacen a la propuesta de la Reforma Constitucional para el sector justicia, pienso cómo tendrán su conciencia y cuáles serán sus temores, porque si fueran personas dispuestas y comprometidas a actuar de manera recta y decente, no tendrían ninguna preocupación de que fuera eliminado el derecho de antejuicio y que se permita la investigación penal cuando el caso lo amerite.
La investigación penal debiera ser permitida siempre y en cualquier caso porque resulta que, tal y como ahora está regulado el tema de la inmunidad, las autoridades no tienen ni siquiera la potestad de averiguar si el comportamiento de un funcionario con derecho de antejuicio viola las leyes y pueda ser constitutiva de delito. Más que inmunidad, el antejuicio vigente es un instrumento de impunidad y es enorme la lista histórica de aquellos que se han parapetado, literalmente, en ese privilegio sin sentido para evadir la acción penal, pues cuesta mucho presentar una solicitud de antejuicio cuando no ha habido posibilidad de investigar plenamente los hechos que puedan fundar una acusación.
Nadie se opone, por ejemplo, a que los diputados mantengan la protección de la irresponsabilidad por sus actuaciones y opiniones como miembros del parlamento, pero de eso a que para todo lo que hagan en la vida se establezca un principio que les mantiene ajenos a la responsabilidad penal hay una gran diferencia. Yo creo que los diputados, si es que hay, que tienen un compromiso de servicio y que no llegaron con la intención de enriquecerse amasando una ilícita e inmoral fortuna, debieran levantar la voz demostrando que están limpios y que, por lo tanto, ni de jabón necesitan, no digamos de un manto protector que finalmente se convierte en la chamarra que se va estirando eternamente para cubrir a los que delinquen desde el ejercicio de la función pública.
Las reformas constitucionales tocan muchos intereses y pretenden acabar con la cooptación de la justicia desde las Comisiones de Postulación, mismas que prostituyeron a la academia y los colegios profesionales. Temas como el del derecho consuetudinario se convierten en caballo de batalla para despertar fantasmas que espanten con el petate del muerto porque lo que en el fondo no quieren es que se levante el antejuicio, colocando a los funcionarios en plano de igualdad ante la ley, y que se depure la forma de elegir magistrados. Una Corte controlada y el antejuicio son el mejor instrumento para asegurar la impunidad.
