Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
En abril del presente año, hace siete meses, se presentó la primera iniciativa de reformas al sector justicia y ello derivó en el “Diálogo Nacional Hacia la Reforma del Sector Justicia”, mesas que se instalaron en la capital y en varios departamentos y luego, en junio inició la segunda fase de las discusiones previo a la presentación oficial de la iniciativa de ley.
El 5 de octubre se presentó la misma al Congreso de la República y tras mes y cinco días, la Comisión Legislativa y de Puntos Constitucionales del Congreso emitió el 10 de noviembre su dictamen favorable a la misma.
¿Cómo explicar que tras tantos meses de discusiones y análisis, de mesas de trabajo, de haber sostenido mesas de discusión en la capital y algunos departamentos, de haber podido participar habiéndose registrado de forma sencilla, ahora se pida más tiempo para discutir las reformas constitucionales?
Ninguna ley en la historia del país debió haberse aprobado sin que fuera analizada, no digamos leída por nuestros congresistas, pero cuando la ley es en favor de cierto sector de poder y la misma pasa como cuchillo en mantequilla caliente, nunca se ha escuchado a una voz que reclame por la celeridad de la aprobación y porque los diputados aprueben las cosas como unos simples borregos.
Nadie está pidiendo que las reformas al sector justicia pasen sin ser leídas porque los cambios a la Constitución para reformar el sector justicia no son poca cosa, pero de eso a pretender que sigamos entreteniendo la discusión hay una línea muy delgada entre un pedido válido y una petición que simplemente es parte de la estrategia para bloquear su aprobación.
Está bien que cualquier sector interesado presente recomendaciones, aunque las mismas hayan sido pedidas a profesionales que han sabido sacarle raja al sistema y lo que los convierte en naturales defensores del mismo, pero otra cosa es que se pida que se siga con el análisis para siempre porque ya sabemos que eso se ha usado como una estrategia para quedarnos entreteniendo la nigua y como mecanismo para detener cualquier asomo de cambio.
La intención de haber discutido los cambios en mesas de diálogo respondía a la realidad de que del Congreso puede salir cualquier engendro que dé la apariencia de cambio, pero que solo solidifique los vicios y por eso es que hay un grave riesgo en el hecho que los congresistas metan sus manos a las reformas.
Si desde el 5 de octubre se presentó la iniciativa y hubo muchas luces de las discusiones, presentar ahora o la semana pasada posturas obliga a preguntarnos ¿por qué no se presentaron antes? El pacto de impunidad recientemente alcanzado contempla desechar las reformas y todos los que son parte del mismo, pueden aspirar a que esto se enfríe.
Todo ciudadano tiene derecho de petición y todo ciudadano tiene derecho de irse a meter con los congresistas para explicar sus posturas, pero los que quieren cambios de verdad lo debieron haber hecho antes porque la medida con la que muchos desean desechar las reformas es pasar su aprobación para el año entrante y eso sería como los permisos que Blanca Stalling pide en la CSJ cuando tiene los reflectores encima.
Claro está que habrá que fiscalizar mucho al Consejo Nacional de Justicia que será el nuevo foco a cooptar (como las Comisiones de Postulación, por ejemplo) y que deberemos estar vigilantes ejerciendo plena ciudadanía, pero quedarnos como estamos es peor que atrevernos al cambio.
