Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Una de las piezas claves en la negociación de Otto Pérez Molina con Pérez Maura para concretar el negocio de la Terminal de Contenedores Quetzal fue la institución del Procurador General de la Nación que tiene la función de asesorar jurídicamente al Estado para garantizar los intereses nacionales y el respeto al ordenamiento jurídico. Fue con el beneplácito de la PGN que se concretó el negocio anunciado un Miércoles Santo para aprovechar el desinterés ciudadano por los asuntos públicos, otorgando el “usufructo oneroso” que se traduce en el arrendamiento para entregar, a dedo y sin cumplir los requisitos que se plantean legalmente para cualquier negociación o contratación del Estado, a quien ofreció untar la mano con 30 millones de dólares para el Presidente de la República de Guatemala.
Igual que ahora, fue también la Secretaría General de la Presidencia la que tramitó todo el negocio y todo el aparato del Estado se volcó para legitimar el oscuro negocio. Los dictámenes de la PGN, emitidos bajo la presión de Otto Pérez, son los que ahora sirven a APM Terminals para decir que cuando hicieron la investigación, encontraron que las instancias legales habían dado opinión favorable para que se concretara el negocio y que esos dictámenes fueron los que les hicieron creer que todas las críticas y señalamientos eran infundados.
El patrón seguido por Jimmy Morales parece un calco del que siguieron Pérez Molina y sus secuaces encabezados por el interventor de la Portuaria, Alan Marroquín. Ahora es otro interventor, esta vez no de la portuaria sino de TCQ, quien sirve de operador para vender la idea de que se trata de una obra que no se puede quedar como Celgusa, pero cuidándose mucho de no analizar ni exponer otras opciones que pueda haber para que el Estado, en legítimo derecho de defensa y reivindicación por el asqueroso negocio que permitió a los españoles construir en terreno ajeno, pueda resarcirse.
Los socios y allegados a la actual Procuradora ahora se lanzan a decir que la intervención del Juzgado de Extinción de Dominio es ilegal, como si el crimen cometido no diera lugar realmente a que haya una extinción de dominio en este caso, lo que confirma que aquí no hay buena fe sino que se ha orquestado un gran negocio, de esos que en Guatemala no se puede ejecutar sin que suenen las tusas, como decimos corrientemente, y están participando los que siempre han andado atrás de tusas y viven de ellas. Son los mismos socios que se lanzaron contra Copredeh porque se ha negociado el resarcimiento por violaciones de derechos humanos, sosteniendo que el Estado no puede negociar sino que debe defenderse y pelear, los que en este caso ven como maravilla el mal arreglo que evite un buen pleito, como dijo la señora Morfín.
Hoy dos pilares del sistema en un programa de radio decían que no había que sembrar dudas sobre cómo actúan los funcionarios, lo que significa que apechuguemos, que nos callemos como medios de comunicación aunque sepamos que ese tipo de transas siempre responden a sobornos como el de Pérez Maura.
