Apuntes para la reunión de mañana

Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

Para mañana está programada la reunión de los jefes de bloque del Congreso con el presidente Morales y la Procuradora General de la Nación para concretar el “arreglo” sobre Terminal de Contenedores Quetzal que es impulsado por el mandatario con el mismo afán que Otto Pérez Molina lo hizo cuando, igual que ahora, se fraguó un negocio con dedicatoria específica para una empresa, sin ningún tipo de concurso o licitación, en lo que ahora sabemos por los indicios legales, fue un sucio trinquete en el que corrió abundante dinero en mordidas que llegaron a la misma Presidencia de la República.

Creo que es importante hacer unos apuntes que los diputados deberán tomar en cuenta. Se va a sentar un precedente funesto en la lucha contra la impunidad porque mediante un arreglo bajo la mesa, promovido de manera directa y activa por el gobernante con el concurso diligente de la PGN y el interventor que forma parte de un bufete con el que APM tuvo conversaciones antes de que se le designara interventor, se consagrará la validez de una operación de origen totalmente ilícito. La misma Procuradora ha dicho en el caso de Copredeh que, a su juicio, es legalmente imposible que se renuncie al derecho de defensa del Estado ni asumir obligaciones gravosas, pero aparentemente ese principio es válido cuando se trata de resarcimiento por violaciones a derechos humanos, pero no cuando se trata de un negocio derivado de un soborno al más alto nivel en la República.

El argumento es que necesitamos un puerto eficiente y moderno y que no se puede desperdiciar lo que se avanzó en el gobierno de Pérez Molina, aunque haya habido dinero de por medio. Bajo ese principio que será expuesto mañana a los diputados, tendrá que asumirse que no debemos hacer nada contra la ilegítima concesión de las frecuencias de televisión abierta porque ni modo que vamos a privar a la gente del acceso a la televisión gratuita. Tampoco se podrá hacer nada en el negocio de Transurbano porque, otra vez, ni modo que vamos a afectar a los transportistas que trasladan diariamente a millones de usuarios en el área metropolitana, aunque esos “empresarios” hayan hecho micos y pericos con el dinero público y dispuesto de la complicidad de altos funcionarios en el gobierno central y municipal que autorizaron los compromisos gravosos para el Estado de Guatemala.

El elemento principal en todo este asunto es que estamos sentando precedentes que implican claudicar definitivamente en la lucha contra la impunidad en el país. Es moralmente inaceptable que se persiga a un presidente por recibir una mordida en un negocio que su sucesor considera bueno y de absoluta necesidad para el país. Si es cierta esa premisa y el gobierno actual ve tan bien la operación de Terminal de Contenedores Quetzal, a cuenta de qué vamos a hablar de un acto perjudicial para los intereses del país de parte de Otto Pérez Molina.

Es cuestión de ser consecuente con lo que hacemos y pensamos. Si el negocio surgió de un delito, nada puede honrarlo y el Estado no puede renunciar a su derecho y obligación de litigio para resarcirse por los daños que los mafiosos inversionistas hicieron. Pero ahora resulta que, según Jimmy Morales cuando fue a visitar la obra, no hay tal daño ni perjuicio porque todo es una maravilla.