Dr. Luis Fernando Cordón Morales
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Desde los acontecimientos de abril del 2015, en Guatemala se ha revelado la situación empantanada de distintos órganos públicos, lo que ha motivado la exigencia ciudadana y el interés de actores internacionales sobre la realización de cambios profundos con la intención primaria de fortalecer las instituciones y crear la confianza en los administrados, para que el Estado se encamine al cumplimiento de sus fines.
El proceso de recambio ha sido dificultoso, ya que no se han logrado las reformas legales indispensables, persisten las prácticas ilegales o amorales de seudoburócratas, no se han realizado las capturas de prófugos o protagonistas importantes, y continúa la emisión de sentencias blandas que no terminan con resarcir a la sociedad dañada, entre otros aspectos igual de relevantes.
La lucha por la Junta Directiva del Congreso de la República da muestra de la resistencia relacionada, donde las malévolas prácticas tradicionales salen a flote para la conformación de las planillas y alegan un falso patriotismo ante comentarios necesarios del embajador Todd Robinson, todo por empecinarse en seguir en la gozadera, solo que en lugar de ser arroz con habichuelas, son de plazas de trabajo y el Listado Geográfico de Obras.
La Administración Tributaria, derivado de los casos denominados “La Línea, Impunidad y Defraudación, Redes, y La Riviera”, donde se destapó su captura por organizaciones criminales, motivó la presentación de la iniciativa 5056 para recuperar la institución creada en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, es así que mediante la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la SAT, se ordena la creación de dependencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones y su buen funcionamiento, entre ellas, una responsable del aseguramiento y resguardo de la información relevante en materia fiscal que se obtenga de conformidad con la ley (Información Bancaria) y otra de investigaciones internas para investigar y denunciar a empleados y funcionarios por actividades contrarias a la Ley, así como el control y seguimiento de las denuncias efectuadas por los particulares.
El pasado viernes fue capturada una empleada de la SAT presuntamente por proponer reducir multas a cambio de soborno a un contribuyente, quien la denunció, práctica similar a la ejecutada habitualmente por los detenidos en el caso “Impunidad y Defraudación” quienes por tener acceso a información de obligados tributarios los contactan a través de intermediarios para ofrecerles supuestos beneficios o bien cobrar una cuota para evitarles contingencias, lo que evidencia la resistencia a lo interno de la institución por reencauzar el barco y la posibilidad de hacerlo debido a la debilidad de controles internos y la incompetencia de jefes inmediatos, muchos nombrados a conveniencia de las anteriores autoridades; o bien, sin formación tributaria relevante por las actuales autoridades. Por lo que resulta indispensable que los afectados denuncien esas prácticas ilegales y la institución fortalezca el control sobre su recurso humano, sea prudente en la designación de sus jefaturas y personal de confianza, implementen sistemas informáticos más seguros y entrelazados, y den seguimiento a las denuncias presentadas oportunamente por empleados sobre actos reñidos con la Ley.
