Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Se escuchan muchos comentarios respecto a la dificultad que va a significar en el futuro la conformación de cuadros para el desempeño de funciones públicas a partir de la más estricta vigilancia ciudadana y de las investigaciones contra la corrupción que se han practicado en los últimos tiempos. La verdad es que no hemos tenido una costumbre de verdadera rendición de cuentas y los funcionarios públicos siempre han creído que mientras más alto es el cargo que desempeñan, más derecho tienen para hacer lo que les venga en gana sin que nada ni nadie tenga que entrometerse en lo que hacen.
En las dictaduras, donde no solo la población está silenciada y carece de informaciones independientes, sino que además el poder centralizado hace que todas las instituciones estén al servicio de la camarilla gobernante, así es como funcionan las cosas y los funcionarios únicamente tienen que rendirle cuentas al dictador, pero jamás a la población.
En cambio, en las democracias que mantienen el principio de la división de poderes y donde la ciudadanía tiene que jugar un papel activo, cualquier servidor público, desde quien tiene la más alta investidura hasta el último de la planilla, tienen obligación de rendirle cuentas al ciudadano del trabajo realizado y, sobre todo, de la administración de los bienes que le fueron encomendados, incluyendo los recursos provenientes de los impuestos. Cualquier persona que asume un cargo público tiene que estar dispuesta a ser auditada tanto por los órganos de control y fiscalización como por la misma ciudadanía, no digamos investigada en el curso de los esfuerzos que hagan los encargados de la acción pública penal.
Afortunadamente existen los mecanismos de defensa constitucionalmente establecidos que permiten a los sindicados hasta abusar de los medios legales a su alcance, lo que se traduce generalmente en el entorpecimiento de los procesos, pero nadie puede quejarse de que exista una política encaminada a violentar los derechos de los ciudadanos.
Yo creo que en la medida en que un ciudadano que desempeña una función pública lo hace apegado a la ley y, sobre todo, a los principios elementales de la ética y la decencia, sabe que puede y debe ser investigado porque así es como debe funcionar la cosa, pero la tranquilidad tiene que ser producto de la certeza de que no se hizo nada incorrecto ni se violentó de alguna manera la ley.
Por ello pienso que integrar un equipo de mañosos y largos como los que hemos tenido por montones en nuestra función pública será difícil porque se han ido sentado precedentes, modestos aún, que hacen pensar que hay capacidad de investigación y de esa cuenta únicamente debieran aceptar un nombramiento los que tienen vocación de servir y no de robar.
Pero de ninguna manera podemos criticar que se investigue, que se indague y fiscalice, puesto que eso es apañar la sinvergüenzada. Justificar que alguien reciba a un fiscal desarmado a balazos es inaudito, y gravísimo que se hable de defensa propia cuando un exfuncionario ataca así a una persona que cumple con su deber.
