Factor Méndez Doninelli
“…fortalece la lucha indígena, campesina y popular que ahora avanza con más vigor.”
Decía en mi escrito anterior, que la decisión nacionalista del presidente Árbenz Guzmán de enfrentar a los monopolios estadounidenses, significó ganarse la enemistad del Gobierno del Norte. En su programa de Gobierno Árbenz impulsó cuatro ejes: 1. Construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá para competir con la empresa eléctrica de capital norteamericano. 2. Construir una carretera hacia el Mar Caribe, para romper el monopolio del ferrocarril que pertenecía a la United Fruit Company, empresa norteamericana que cultivaba y exportaba banano y plátano. 3. Construcción del puerto Santo Tomás de Castilla, para que el país tuviera un puerto propio. 4. Aprobación del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria que entregó tierra a los campesinos, algunas de las tierras entregadas fueron expropiadas a la compañía frutera norteamericana que no les daba ningún uso, es decir, eran tierras ociosas.
Esas decisiones del presidente Árbenz fueron suficientes para que los norteamericanos acusaran al Gobierno revolucionario de afectar los intereses económicos estadounidenses, además, señalaron al Gobernante guatemalteco de “procomunista,” una acusación común que en tiempos de la Guerra Fría tuvo consecuencias funestas. Acusar a un presidente de comunista era suficiente para emplear mecanismos desestabilizadores y organizar todo tipo de acciones buscando derrocar a quienes como Árbenz, ejercieron con dignidad los derechos de soberanía y libre determinación de los pueblos.
Desde aquel momento, los norteamericanos iniciaron una conspiración contra el Gobierno de Árbenz Guzmán. Con ese propósito organizaron, prepararon, financiaron y entrenaron a un grupo de mercenarios para invadir el país y derrocar por la fuerza al Gobierno democrático. Ese perverso plan se cumplió en junio de 1954, desde entonces, la revolución guatemalteca fue interrumpida con violencia, es un proyecto inconcluso. Luego, la aplicación de políticas contrarrevolucionarias y neoliberales, disminuyó la capacidad del Estado y redujo a sus instituciones. La privatización de los bienes públicos y de sectores estratégicos de la economía nacional ha tenido consecuencias negativas para el desarrollo de la gente.
El derrocamiento del régimen revolucionario hizo retroceder al país; 62 años después de la invasión mercenaria, lejos de mejorar las condiciones de vida para sus habitantes y alcanzar el desarrollo social, económico, político y cultural, Guatemala exhibe indicadores negativos, pobreza y extrema pobreza en aumento, el acceso a salud, educación y oportunidades para la gente es restringido. Más del 50% de niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición aguda y crónica. La mortalidad infantil, materna infantil y el analfabetismo no han disminuido. La crisis es más grave entre la población indígena, las mujeres, los niños, niñas y jóvenes.
Hoy estamos peor que hace 60 años. El Estado guatemalteco ha sido cooptado por mafias, poderes paralelos, el crimen organizado y transnacional para beneficio de sus malévolos intereses, desatendiendo el bien común y el desarrollo de la población.
Razón tienen las demandas legítimas de los pueblos originarios y de organizaciones campesinas, que luchan por la defensa del territorio y las riquezas naturales. Históricamente, las condiciones adversas que enfrentan los sectores vulnerables, son el motor principal que mueve, convoca, extiende y fortalece la lucha indígena, campesina y popular que ahora avanza con más vigor.
