Javier Monterroso
La propuesta de reforma constitucional en materia del sector justicia contenida en la iniciativa 5179, contiene varios temas positivos que fortalecerían la administración de justicia, sin embargo, también contiene algunos aspectos negativos que sería conveniente corregir antes de someterla al pleno del Congreso de la República y a la consulta popular.
Es conveniente en este punto aclarar que señalar estos aspectos negativos y solicitar al Congreso que se modifiquen no es oponerse a las reformas, en primer lugar porque aunque no nos guste la conformación partidaria del legislativo, o tengamos desconfianza en los diputados que lo integran, el Congreso es el único órgano legitimado para modificar la Constitución, es decir por mucho que apoyemos el trabajo que realizan los autores de la propuesta (CICIG, PDH, MP y OACNUDH), el Congreso no solo puede, sino que además debe por mandato constitucional analizar y en su caso modificar la iniciativa. Y en segundo lugar porque a pesar de que en términos generales es una buena propuesta, también presenta elementos que de ser aprobados tal y como están redactados en la iniciativa de ley vendrían a politizar aún más el sistema de justicia.
Por ejemplo, en relación a la Corte de Constitucionalidad, en vez de discutir temas de fondo como los perfiles de los magistrados, la competencia de la CC, el amparo judicial o incluso la necesidad de tener una Corte de control de constitucionalidad o solamente una cámara dentro de la Corte Suprema de Justicia; la iniciativa 5179 se limita a establecer una nueva forma de designación de magistrados, y aun peor, en vez de generar mecanismos que garanticen la excelencia profesional (por ejemplo si se vinculara la elección de la CC al sistema de carrera judicial), le otorga más poder al sector político para que pueda cooptar toda la Corte; en efecto, de ser aprobada tal y como está redactada la propuesta, si el próximo jefe del Ejecutivo tiene suficientes diputados para lograr el control del Congreso podrían elegir entre estos dos poderes seis magistrados de los nueve que integran la Corte, pero además los otros tres magistrados serían electos por el Consejo Nacional de Justicia de propuestas emanadas nada menos que del Ejecutivo y del Congreso. ¡Es decir que los nueve magistrados podrían ser afines a un mismo partido político!
Otros errores se encuentran en el sistema de carrera judicial donde se confunden los objetivos de la evaluación del desempeño y del régimen disciplinario, o cuando se establecen los mismos requisitos (15 años de ejercicio profesional) para ser Magistrado de Corte Suprema de Justicia y para magistrados de Salas de Apelaciones.
Definitivamente el sistema de justicia necesita ser reformado y éste es el momento político para hacerlo, pero debemos aprobar una buena reforma y no algo de lo que nos vayamos a arrepentir en muy poco tiempo y eso depende del Congreso.
