En un evento, la fiscal general, Thelma Aldana, advirtió del riesgo que corremos los guatemaltecos si un «pacto de impunidad», como ella lo llamó, logra detener los avances que se están iniciando por medio de la propuesta de Reformas al Sector Justicia.
La verdad es que los guatemaltecos, muchas veces sin darnos cuenta, hemos sido víctimas de una política de pactos entre esos actores que siempre terminan alargando la chamarra de la impunidad y levantando el muro que garantiza por medio de la pobreza y la violencia que sus intereses serán controlados sin amenazas.
Si verificamos las experiencias de la historia reciente guatemalteca, nos damos cuenta que con la apertura democrática lo que logramos fue una práctica de saqueo del erario público y de cooptación del sistema completo para que la política y el Estado funcione a los mismos intereses siempre.
Posteriormente, con las reformas del 93, metieron el gol de la prohibición del Estado de prestarse recursos y empezó ese descarado actuar de los diputados de enriquecerse por medio de la venta de su voto y el chantaje en las comisiones.
Con la Firma de los Acuerdos de Paz en el 96 se logró un cese al fuego en el conflicto armado interno, pero se trasladó la guerra a las calles con las pandillas y el crimen organizado porque el Estado en su conjunto no entendió y no se comprometió a ratificar los acuerdos que nos garantizaban que la paz se logra con desarrollo, inclusión y aceptación.
Por eso, ese mismo conflicto sigue siendo una de las grandes causas de la polarización que sufrimos como sociedad y que nos impide identificar el mal, condenar a la corrupción y rechazar las prácticas de injusticia y racismo con que nos toca convivir todos los días.
Los pactos de impunidad son aquellos por los que los mismos individuos, en lugar de condenar al corrupto, aspiran a ser como él. Son aquellos que nos convierten indolente a la sociedad ante los que más necesitan porque resulta que enredan de tal manera el funcionamiento del sistema que nos hace solo luchar por sobrevivir.
El señalamiento de la fiscal general nos da una visión clara de los riesgos que enfrentamos en estos momentos y debe ser tomado con mucha seriedad porque es, evidentemente, la gran amenaza que enfrenta el país.
No solamente es en el tema de las reformas en el sector justicia; la amenaza es en contra de la posibilidad en que un país siga avanzando en el camino en que las estructuras de siempre se tambaleen hasta caerse.
